Un coche de la Guardia Civil custodia la puerta de la SGAE. Foto: EFE

Las estampas vistas a lo largo de la jornada en la SGAE han sido muy poco edificantes. La Guardia Civil, a instancia de la fiscalía anticorrupción, ha irrumpido en su sede. Y una vez dentro ha retenido a todo su personal. A los que estaban fuera, tomando un café o haciendo un receso, ya no les han permitido entrar. Esperaban a las puertas, con incertidumbre y gesto grave, sin saber cuando iban a poder entrar a por sus pertenencias. Tras las ventanas se veía a los agentes deambulando por el edificio, en busca de las pruebas con que sustentar las sospechas que han motivado su intervención.



El cargo al que podrían hacer frente los gestores de la sociedad de gestión es una apropiación indebida, urdida a partir de una serie de entidades filiales que tenían como finalidad desviar fondos. Unos fondos que por imperativo legal deben ir a los autores que representan. En principio, según fuentes judiciales, son nueve los gestores detenidos hasta ahora (entre ellos Teddy Bautista, director de la SGAE) y los registros practicados ascienden a 17, en distintas sedes de la institución repartidas por varias ciudades españolas. El cerebro de la trama societaria sería José Neri, director de la Sociedad General de Autores y Editores (sDAE). Sin embargo, en un comunicado la SGAE se defiende: advierte que "confía plenamente" en la "inocencia de sus directivos".



Una nube de fotógrafos y periodistas se arracimaba en torno al palacio, ubicado en la confluencia de las calles Fernando VI y Pelayo. Todos asomados intentando atisbar lo que sucedía dentro. Los empleados se veían retenidos en el patio. Poco a poco les dieron permiso para ir saliendo. Lo hacían en tandas, por departamentos. Desde el garaje subterráneo abandonaban el edificio, muchos de ellos tapándose las caras. Los coches -muchos con las lunas tintadas- y las motos se apresuraban para evadir la vergüenza de verse retratados en una situación tan escabrosa. Sólo una chica joven salió sobre su bicicleta. Algunos indignados -apenas cuatro- aprovechaban su salida para entonar sus cánticos: "No hay pan para tanto chorizo".



Sobre la 15.00 el grueso de los trabajadores había desalojado el edificio. Dentro, no obstante, permanecía Teddy Bautista, a la espera de ser puesto a disposición judicial, concretamente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Pablo Ruz. Este juzgado habría puesto en marcha una investigación hace alrededor de un año por las presuntas actividades fraudulentas de la institución. Quizá la publicación en la prensa hace un par de días de esta operación ha precipitado los acontecimientos. Cabe pensar que la intervención de hoy buscaba evitar la destrucción de las pruebas que pueden llevar a prisión a altos cargos de la SGAE.



De hecho, hoy era el día en que se iban a hacer públicos los resultados de la elección a la junta directiva de la sociedad, celebradas ayer. Bautista y los suyos se habían impuesto al otro candidato a comandar la institución, José Miguel Sastrón. Pero no hubo mucho margen para celebraciones. La entrada intempestiva de la Guardia Civil les ha aguado la fiesta. Y ahora se abre un periodo incierto para la SGAE.



El origen de la investigación se encuentra en la denuncia formulada por la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). Josep Jover, abogado encargado de redactar la denuncia y viejo conocido de la SGAE (la derrotó en Europa a cuento del canon digital), señala que sólo por la gestión de esta tasa habrían podido desaparecer más de 400 millones de euros. Habrá que ir viendo cómo se van depurando las responsabilidades en los próximos meses. En la mente de muchos está también el papel que ha jugado el Ministerio de Cultura (en diversas legislaturas) en todo este laberíntico asunto, que hoy suma un nuevo capítulo, ya decimos: muy poco edificante.