Teddy Bautista (dcha.), y el director financiero de la institución, Ricardo Azcoaga (izda.), a su salida de la Audiencia Nacional tras ser puestos en libertad "con cargos y sin fianza"

Agencias
Este lunes pasaron a disposición judicial los cuatro, de los nueve detenidos en la 'Operación SAGA', que faltaban por declarar en la Audiencia Nacional. El juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), José Luis Rodríguez Neri, considerado el máximo responsable del presunto desvío de dinero en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En un auto notificado el mismo lunes, el magistrado imputa a Neri -que antes de ocupar ese cargo en la sDae era presidente de Microgénesis, una empresa de consultoría que tenía como cliente a la SGAE- los delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario.

Además, Ruz ha decretado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Rafael Ramos, también vinculado a Microgénesis, mientras que ha dejado en libertad sin fianza, con la prohibición de abandonar el territorio nacional, a la mujer de Neri, María Antonia García Pombo, y a Eva García Pombo, asimismo relacionadas con la citada sociedad.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó el pasado domingo la puesta en libertad sin fianza para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos económicos: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.

El magistrado les imputa delitos continuados de apropiación indebida que califica como "de especial gravedad atendido el valor de la defraudación" (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel).

Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la "negativa o impedimento" a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. El juez ha dejado también en libertad a otros dos de los detenidos que declararon a última hora de la tarde del domingo, Elena Vázquez y Celedonio Martín.

En su auto, hecho público el pasado domingo, el juez especifica como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de "especial arraigo en España" de los directivos de la SGAE, no considera que exista probabilidad de fuga.

Además, Ruz especifica que mantendrá el secreto de sumario sobre la causa durante el tiempo necesario para evitar que se frustre el resultado de la investigación y concreta que al menos se prolongará hasta que declaren todos los detenidos.

Según se desprende del auto, las pesquisas han conducido a la entrada y registro de catorce domicilios de particulares y empresas, entre ellas la sede de la propia SGAE. Además, ha ordenado el bloqueo de cuentas y la prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias a determinados imputados.

Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Este domingo, tras permanecer en dependencias del Instituto Armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.

Las diligencias sobre la SGAE arrancaron en marzo de 2010, momento en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado una detallada investigación que ha culminado con la detención de nueve personas.