Violencia política en la España del siglo XX

Santos Juliá (Director)
Taurus. Madrid, 2000. 422 páginas. 2.900 pesetas

Las colaboraciones que integran el libro se sitúan, aunque no todas, en la línea de lo políticamente correcto en términos historiográficos. Las situaciones y condicionamientos de fondo justifican la conducta del republicanismo y del obrerismo español contemporáneo

Los liberales organizaron en España, como en los demás estados europeos, las dos claves de la modernidad que el siglo XX ha sancionado: el gobierno constitucional (la democracia vino siempre después) y la economía de empresa basada en la propiedad individual. La Restauración de 1875 significó la consolidación entre nosotros de la revolución liberal en los planos político administrativo y económico, una vez que los partidos moderado y progresista en que se había dividido el liberalismo español renunciaron a monopolizar la Monarquía. Los moderados marginaron su tendencia autoritaria y los progresistas su deriva revolucionaria. Una y otra rectificación, y el papel arbitral de la Corona, consolidaron la revolución liberal en España.

Nada parecido ocurrió con la organización de la democracia, al menos hasta la transición emprendida a la muerte de Franco. La contrarrevolución carlista e integrista, el grueso del republicanismo y el colectivismo obrero permanecieron inconmovibles fuera del régimen liberal de la Restauración, y siguieron pensando el cambio político en términos revolucionarios. No les interesaron ni la movilización electoral democrática ni los cambios fruto del compromiso y las concesiones mutuas entre viejos y nuevos partidos.

Examinadas desde estos supuestos, las colaboraciones que integran el libro coordinado por Santos Juliá sobre el papel político de la violencia en la España contemporánea se sitúan, aunque no todas, en la línea de lo políticamente correcto en términos historiográficos. Esta corrección consiste en que las situaciones y los condicionamientos de fondo determinan, explican y justifican las opciones y la conducta del republicanismo y del obrerismo español contemporáneo que, en todo caso, cuentan a su favor con la elevación de sus ideales. Pero esas mismas situaciones y estructuras señalan con dedo implacable las responsabilidades intelectuales, morales y políticas de las fuerzas conservadoras, cuyos fines resultan invariablemente descalificados. A esto debe añadirse la tendencia actual a convertir la acción revolucionaria en la protesta desmañada y radical de quienes querían sólo reformas; ese extraño concepto denominado “reformismo radical”.

Santos Juliá establece la ecuación, en el prólogo del libro, entre deslegitimación del Estado y de la constitución e incremento de la violencia política y del terrorismo, en referencia específica a la situación

Esta es la metodología aplicada por Julián Casanova en su contribución sobre el terrorismo anarquista y anarcosindicalista, que el autor llama el lado oscuro del anarquismo. Pero que, por muy negro que fuera (y resultó especialmente irracional y antidemocrático), queda explicado y justificado por las políticas represivas de los distintos gobiernos. Porqué el anarquismo no actuó bajo las dos dictaduras españolas contemporáneas y fue, sin embargo, implacable con la Monarquía de la Restauración y la II República, constituyen misterios que no merece la pena aclarar. Esta metodología políticamente correcta no cambia, aunque sí adopta un estilo mucho más compensado y neutro, en los trabajos de González Calleja, sobre las políticas de orden público, y el de Carolyn Boyd, sobre la injerencia militar en la política.

La riqueza informativa de los trabajos de otros autores ofrece la ventaja de permitir al lector sacar sus propias conclusiones. Es el caso del firmado por Julio de la Cueva, dedicado a la violencia anticlerical, cuyas estadísticas permiten calibrar los niveles de exterminio del clero que se alcanzaron en las postrimerías de la II República y durante la Guerra Civil en el bando republicano. Pedro González Cuevas explica muy bien, por su parte, el avance de la derecha autoritaria frente a la liberal, sobre todo desde 1930. Otra cosa es su prejuicio esencialista, según el cual ésa era la auténtica naturaleza y el destino necesario de la derecha española, esencialismo que le lleva a trasponer, sin que le cuadren las cuentas, los datos intelectuales al plano político. Juliá se distancia, a su vez, de toda complacencia en su interpretación de la trayectoria política del socialismo español en cuanto al empleo de la violencia revolucionaria. El lector puede comprender sin dificultad que la política del PSOE entre 1879 y 1939 poco o nada tuvo que ver con la socialdemocracia reformista del Occidente europeo.

Los únicos autores que se distancian expresamente de la corrección política son Fernando del Rey y Mercedes Cabrera, encargados de examinar la relación entre el empresariado y la violencia social y política. El primero desmonta con rigor una serie de tópicos sobre la conducta de los patronos barceloneses en la guerra sucia anticenetista, durante los años de plomo de 1919 a 1921, enfoque que se mantiene, aunque atenuado, para la etapa de la II República, bien conocida por Mercedes Cabrera. Representan un gran alivio muchas de sus observaciones después de tanto análisis previsible.

Santos Juliá establece la ecuación, en el prólogo del libro, entre deslegitimación del Estado y de la constitución e incremento de la violencia política y del terrorismo, en referencia específica a la situación actual del País Vasco. En mi opinión, la receta que hizo posible el éxito de la Restauración y, sobre todo, de la Constitución de 1978 no ha cambiado. Se basa en la conciencia autocrítica de los partidos respecto de su propia historia, en la clarividencia de que sólo el Estado es el todo y ellos la parte y en la delimitación constitucional estricta de la soberanía nacional. No es casual que la violencia política que sobrevive entre nosotros provenga de la única religión política -comunitaria y antiliberal como todas- que sobrevive tras las duras lecciones antitotalitarias del siglo XX: lo que se denomina pudorosamente nacionalismo excluyente y sus vinculaciones terroristas.