Joaquín Leguina, contra la memoria histórica "revanchista"

Joaquín Leguina. Foto: Bernardo Díaz.

Joaquín Leguina no daba crédito cuando figuras muy significadas de su partido (PSOE), los sindicatos mayoritarios y amplios sectores de lo que podríamos denominar, así, genéricamente, la izquierda sociológica cerraron filas en torno al juez Garzón. El magistrado de la Audiencia Nacional había iniciado lo que algunos denominaron una "Causa general" contra el franquismo, pero ese empeño quedó truncado de manera abrupta por el Tribunal Supremo, que apreció en sus decisiones indicios de prevaricación. "El adalid de la justicia universal", como le llama Leguina, parecía haberse pasado de frenada, atribuyéndose unas competencias que no tenía.

Indignado con las ampulosas pretensiones del juez, que "pretendía judicializar la historia", y las movilizaciones que le respaldaban, empezó a escribir El duelo y la revancha (La Esfera de los Libros), un ensayo contra "el sectarismo revisionista de la Transición democrática". El presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 denuncia que hay en estos tiempos demasiados "antifranquistas sobrevenidos", que atizan "el revanchismo" en contra de los postulados de sus padres ideológicos. "No nos equivoquemos, en la lucha contra el franquismo estábamos muy pocos. Estos nuevos antifranquistas ahora reniegan de la reconciliación nacional que defendía el PCE ya desde los años 50".

Le da rabia a Leguina que se ponga en tela de juicio la Transición, que desembocó en la Constitución de 1978. No cree que la izquierda fuera víctima de una situación desventajosa o de debilidad en las negociaciones políticas tras el franquismo. "Cedió todo el mundo. ¿Acaso no lo hizo la derecha que vio como los presos de ETA salían de la cárcel por la Ley de Amnistía?".

Precisamente, esta norma, a juicio de Leguina, hace "innecesaria" la Ley de Memoria Histórica promulgada bajo el gobierno de Zapatero. "Esta ley es un camello, que es un caballo hecho por una comisión, al que le sale la joroba de un impulso revanchista", explica Leguina. "Todas las víctimas tienen derecho a enterrar decentemente a sus muertos, pero eso ya se podía hacer antes de esta ley".

El caso de Lorca lo cita como paradigma del "disparate". "Su familia dijo que no quería que exhumaran sus restos y utilizaron el subterfugio de buscar a los familiares de otras víctimas que enterraron junto a él para iniciar las excavaciones. Cuando no encontraron ningún resto humano, acusaron a los familiares de que habían llegado a un acuerdo con Franco para sacarlo de allí. O sea, encima de cornudos, apaleados".

Leguina se sorprende de que la "sociedad civil tolere estos movimientos disparatados". "Los historiadores están hartos, lo que pasa es que muchos se callan", señala. Él, en cambio, ni puede ni quiere guardar silencio: "Yo no me voy a callar".