¿Las lenguas cooficiales son un patrimonio a defender o un instrumento de exclusión nacionalista?

Jon Juaristi
Poeta y ensayista, exdirector de la Biblioteca Nacional

Agravios y desacordes

Lo ideal sería que, en comunidades con varias lenguas de relación, ninguna de ellas fuera oficial, y que los individuos se expresaran ante la administración en la que más útil les resultase, porque, en definitiva, las lenguas son artefactos para comunicarse eficazmente. El Estado debería ser neutral, sin privilegiar una lengua determinada confiriéndole oficialidad o cooficialidad. Pero soy consciente de que esta situación ideal raramente se produce.

Cuando alcanzan el poder, la cooficialidad sirve a los nacionalismos para imponer obligaciones y restricciones al conjunto de la población. Y para ampliar una clientela dependiente del presupuesto

La cooficialidad no resuelve necesidades existentes. Crea otras nuevas (por ejemplo, la necesidad de que los empleados del sector público aprendan las lenguas cooficiales o la de rotular en dichas lenguas los avisos de las autopistas). En teoría, una sola lengua oficial debería bastar para todo lo necesario en la comunicación pública.

La cooficialidad no repara injusticias. Si alguna se cometió en el pasado contra individuos a los que se prohibió expresarse en su lengua materna, tal injusticia es irreparable en el presente. Por otra parte, es difícil distinguir entre lo que hubo de injusticia y lo que hubo de acomodación más o menos voluntaria o buscada en los procesos de sustitución lingüística. Como decía el Stephen Dedalus de Joyce, si mis antepasados se plegaron dócilmente a una banda de extranjerizados y perdieron así su lengua… ¿por qué debería yo aprenderla? La cooficialidad no protege a las lenguas minoritarias, en el sentido de que no promueve su uso fuera de los actos puramente administrativos, puesto que no puede prescribirlo. Sin ir muy lejos, este es el caso de la República de Irlanda o del País Vasco, donde ni la cooficialidad del gaélico ni la del eusquera han redundado en un incremento de la proporción de sus hablantes reales en el conjunto de la población.

La cooficialidad, obviamente, favorece a los nacionalismos. Cuando estos se encuentran en la oposición, encuentran en las normativas que sustentan aquella un venero inagotable de agravios para esgrimir contra los gobiernos establecidos y, de este modo, deslegitimarlos. Cuando alcanzan el poder, la cooficialidad sirve a los nacionalismos para imponer obligaciones y restricciones al conjunto de la población. Y sobre todo les sirve para ampliar una clientela dependiente del presupuesto público destinado a normalizar, enseñar e imponer la lengua cooficial (una clientela que no sólo incluye a los empleados públicos y a sus familias, sino también a una amplia red de empresas creadas al socaire de la “política lingüística”: periódicos, editoriales, discográficas, servicios de doblaje de películas o series para la televisión, fabricantes de camisetas, traductores, etcétera). La estrategia de los nacionalismos suele consistir en reclamar desde la oposición lo “razonable”, es decir, la atención a los derechos de la lengua no oficial y de sus hablantes (por ejemplo, que los hijos de estos reciban una enseñanza pública o subvencionada en la lengua de sus padres), para terminar, una vez ya en el gobierno, imponiendo a toda la población el deber de escolarizarse en la lengua cooficial y exigiendo su conocimiento y dominio a cualquier aspirante a un empleo en las administraciones públicas, aunque sea el de enterrador.

Martín López-Vega
Poeta y traductor, ex director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias

Buenas leyes que hagan buenos ciudadanos

El artículo tercero de la Constitución dice: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Que el asturiano (cuya oficialidad contempla el nuevo estatuto de autonomía, en trámite) no sea oficial es anticonstitucional. ¿Efectos secundarios? Asturias no va a declarar la independencia, se lo aseguro, como no lo han hecho Galicia ni Euskadi. Y los hablantes de asturiano tienen los mismos derechos que cualquier otro español. Nadie negará eso, aunque… Como todo español lleva dentro un seleccionador, un médico, un jefe de lo suyo y un lingüista, hay que aguantar mucha memez. Que si el asturiano es un dialecto (del latín, como el castellano). Que si es demasiado “¡variado!” (por qué eso va a ser una riqueza para unos y un demérito para otros). Que si no se habla mucho (por eso aparece en el atlas de lenguas en peligro de la Unesco). Y mi favorito: Alarcos. Alarcos fue uno de los fundadores de la Academia de la Llingua, y a mediados de los 70 escribía que es “perfectamente válido hablar de llingua asturiana” y prologaba la Gramática bable de Ana Cano desmontando los argumentos favoritos de los enemigos del asturiano. Si después se pasó al bando opuesto no fue por ciencia, sino por un oscuro episodio de su departamento universitario en el que le reclamaban que devolviera unos dineros (lo ha contado el filólogo Ramón d’Andrés), ay, los pérfidos defensores del asturiano y de las cuentas claras.

Como todo español lleva dentro un seleccionador, un médico, un jefe de lo suyo y un lingüista, hay que aguantar mucha memez. Que si el asturiano es un dialecto (del latín, como el castellano)…

Castellano, asturiano y gallego son las lenguas que se hablan en Asturias y deben ser oficiales por mandato constitucional. Debería buscarse una oficialidad que garantice los derechos de los hablantes sin generar privilegios. Esa es, por suerte, la postura del Gobierno. Hay consenso social, y sólo los enemigos de la verdad vociferan en su contra y en contra de la Constitución. Un ejemplo: en el breve tiempo en que fui director general de Cultura del Principado, me tocó una bizarra comparecencia parlamentaria en la que Gloria García, diputada del PP, pidió un traductor si alguien iba a hablar en asturiano (pura coherencia: en la legislatura anterior ella misma había leído e introducido en asturiano un poema de Berta Piñán en el mismo parlamento). Como el representante de Podemos se había expresado en esa lengua, me ofrecí a traducir yo mismo su intervención. La respuesta de otro diputado del PP fue que nunca se había dado que un compareciente interpelara a un diputado. Vamos, que no es que no entiendan: es que no quieren entender.

Vivimos tiempos duros, en los que los enemigos de la verdad campan a sus anchas. España es una gran democracia, pionera en la defensa de los derechos de las minorías, y ningún país de nuestro entorno otorga tal nivel de protección a sus lenguas regionales. Estoy orgulloso de mi país por ello. Hagan buenas leyes que hagan buenos ciudadanos y verán como todo efecto secundario será positivo. Digan lo que digan los cuatro histéricos gatos que creen que los derechos humanos se reducen a su derecho de mentir impunemente sobre todo cuanto ignoran.