64.200€, ese es el coste de la renovación de los terminales que aprobó la Mesa de las Cortes Valencianas, compuesta por Compromís, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-. Un total de 99 iPhone 6 de 16 GB para otros tantos diputados. Un coste que seguramente se podía haber reducido notablemente eligiendo otros terminales que no fuera un tope de gama o si se hubiera buscado un fabricante local. Tras las críticas recibidas, se decidió suspender la compra de los terminales. ¿Deberían los móviles de los políticos y cargos públicos ser de fabricantes locales?

La primera pregunta es ¿realmente necesitan los diputados valencianos un terminal cuyo precio ronda los 700€? La respuesta es no, no lo necesitan. No estamos diciendo que los cargos públicos de nuestro país necesiten unos terminales de gama baja, pero hay una gran cantidad de terminales de gama media-alta que ofrecen unas especificaciones y un rendimiento sobrado para el trabajo de un diputado.

En cambio se ha optado por comprar un terminal -magnífico, nadie lo duda-, pero del que buena parte del precio es la marca, y en este caso es de Apple, pero exactamente lo mismo sería aplicable si se hubieran comprado un Samsung Galaxy S6 o un  Sony Xperia Z3.

Sin irnos a China -donde podríamos encontrar terminales como el OnePlus One, que ofrecen prestaciones comparables a las de la alta gama por menos de la mitad de precio- el fabricante español bq tiene terminales que pueden servir perfectamente a los diputados para hacer su trabajo, promocionando una empresa española y además reduciendo notablemente el coste para las arcas públicas.

MyWigo ofrece renovar los teléfonos a las Cortes por 13.860€

De hecho, la empresa valenciana MyWigo ofreció, tras conocerse la noticia, renovar los terminales de las Cortes por un precio de 13.859,10€, lo que supone un ahorro de algo más de 50.000€.

El modelo que ofrecía era concretamente el MyWigo Halley, un terminal equipado con una pantalla de 5 pulgadas QHD IPS (960×540), con un procesador MTK6582 a 1,3 gHZ, 1 GB de RAM, con 8 GB de RAM ampliables a 32 mediante SD, DualSIM y con una batería de 2.200 mAh y que corre sobre Android 4.4 KitKat. Un terminal que aunque puede quedarse corto en algunas cosas debería ser más que suficiente para el uso que muchos diputados pueden necesitar.

Los cargos públicos, como cualquier persona, tienen el derecho a tener el smartphone que más les gusta, pero hay que recordar que en este caso los terminales se pagan con dinero público en un marco económico complicado para mucha gente y donde -a pesar de que desde el Gobierno se grita «brotes verdes a la vista»- seguimos viendo recortes por lo que, aunque no sea una cantidad de dinero elevadísima para lo que se suele mover en organismos públicos, es probable que buena parte del dinero invertido en comprar un iPhone a sus señorías pudieran haber sido destinados a mejores usos.

Y aunque no estén obligado a ello, si existen fabricantes locales cuyas ofertas son perfectamente válidas deberían priorizar darles apoyo usando sus terminales antes que acudir a una empresa californiana que fabrica en China y que evitan pagar sus impuestos en nuestro país y que además supone un derroche de dinero del contribuyente.

Visto el revuelo, se suspende la compra de los iPhones

Visto el revuelo que causó la noticia, finalmente las Cortes Valencianas decidieron dar marcha atrás y no hacerse con los terminales, algo que según El País fue recibido con malestar por parte de los grupos parlamentarios, que consideran que necesitan los medios necesarios para realizar su trabajo -cosa que es verdad, pero no a ese precio existiendo alternativas más económicas-. Podemos, un partido que había criticado con dureza y bastante razón el malgasto de dinero por parte de la clase política, votó a favor de comprar los iPhones y lo justificó al ir vinculado a los servicios a la cámara.

Los cargos públicos deben tener el equipo necesario para realizar bien su trabajo, eso nadie lo pone en duda, tampoco es de recibo que vayan por el mundo con terminales de gama baja que les cueste abrir un archivo adjunto. Es legítimo que si las alternativas locales no les convencen, por la razón que sea, compren equipo extranjero, pero lo que no es aceptable es que habiendo en el mercado alternativas perfectamente válidas por un precio más que razonable se decanten por uno de los terminales más caros del mercado. Porque precisamente esa actitud es una de las causas que nos han traído hasta este poco llamado crisis. Pero no hay manera, no aprenden ni a golpe de voto.