Patrimonio natural, limitado y frágil
El agua es un recurso limitado y escaso, condicionante de la actividad humana. Es por lo que las administraciones públicas tienen la obligación de planificar estrategias globales que además de un uso responsable, eficiente y sostenible de tan valioso recurso, contemplen actuaciones concretas dirigidas a satisfacer las necesidades de los castellano-manchegos y favorezcan el desarrollo de nuestra región.
En Castilla-La Mancha el agua es un patrimonio natural, limitado y frágil que entre todos debemos proteger. La disponibilidad o no de recursos hídricos a lo largo de la Historia de esta región han conformado en Castilla-La Mancha una especial sensibilidad hacia el agua, considerándola como un recurso natural fundamental para la vida y que está estrechamente vinculado con la prosperidad social y económica de los ciudadanos y con la protección de nuestro valioso medio ambiente.
SOCIEDADES MÁS JUSTAS
Sabemos bien que disfrutar de un agua de calidad y en cantidad suficiente influye directa o decisivamente en el bienestar de las personas. El agua se ha convertido en una prioridad para Castilla-La Mancha porque sólo una distribución equitativa de los recursos hídricos contribuye a conformar sociedades más justas basadas en el equilibrio y en la igualdad territorial.
Vivimos en un territorio con recursos hídricos escasos y con la participación en siete demarcaciones hidrográficas, por lo que una correcta planificación, asignación y un uso eficiente de los recursos hídricos se hacen imprescindibles en el impulso económico que se persigue para la región. De ahí que en Castilla-La Mancha promovamos una planificación hidrológica acorde con las demandas que el siglo XXI exige a las sociedades avanzadas en relación con la gestión de los recursos hídricos que discurren por sus territorios.
Desde el punto de vista hidrológico, y con respecto a otras Comunidades Autónomas, de las 9 demarcaciones hidrográficas que conforman España, 7 están afectadas por nuestra Región (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero). Con la característica añadida de que el territorio castellano-manchego ocupa una parte importante de la cabecera de cuatro de las principales cuencas hidrográficas españolas (Tajo, Guadiana, Júcar y Segura).
Es por tanto muy importante que en todas y cada una de estas demarcaciones hidrográficas puedan verse satisfechas, con todas las garantías, nuestras necesidades hídricas.
La Directiva Marco y el Texto refundido de la Ley de Aguas, disponen que se establecerán programas de seguimiento del estado de las aguas con objeto de obtener una visión general, coherente y completa de su situación.
El gobierno central, en colaboración con las Comunidades Autónomas, redactó un segundo Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, que daba respuesta tanto a los objetivos no alcanzados por el anterior Plan, como a las nuevas necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua.
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GARCÍA-PAGE Y EL PACTO NACIONAL
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido en repetidas ocasiones un pacto nacional sobre el agua. Desde el primer momento quiso que esta legislatura sirviera “para que podamos avanzar en serio en un gran acuerdo nacional sobre el agua”. Page es muy crítico con el hecho de que se siga empleando “esa vieja letanía que dice que el agua se aprovecha muy bien fuera, pero aquí no”. En opinión del presidente, “nosotros no solo podemos aprovechar el agua como los demás, sino sacarle más rendimiento y usarla sin gastarnos un dineral inmenso de todos los españoles en transportarla”.
A juicio del presidente castellano-manchego, el mejor aprovechamiento del agua garantiza “que nuestra forma de entender la gestión de los recursos hídricos tiene sentido. Por eso está comprometido con reclamar, “con muchas razones y mucho tesón”, que el agua del Tajo es de todos los españoles, “es decir, que también es de todos los castellano-manchegos porque aquí tenemos muchas ganas y posibilidades de aprovechar el agua”.
Por su parte, y en ese mismo sentido, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha propuesto repetidamente en relación con el Pacto Nacional del Agua que se afronte con perspectiva de Estado y en el que se escuche a todas las administraciones, incluidas las comunidades autónomas. El consejero entiende que Castilla-La Mancha ha sido "meridianamente clara" al proponer este pacto nacional del agua, que "se debe afrontar desde una perspectiva de Estado", algo que "siempre exige renuncias por parte de todos, no solo de los partidos políticos, sino también de las administraciones, como el Gobierno central y las comunidades autónomas".