El Ayuntamiento de Barcelona reprueba a Felipe VI y pide abolir la monarquía

Nueva muestra antimonárquica en Cataluña. A la reprobación del Rey en el Parlament se añade ahora la del Ayuntamiento de Barcelona. El Consistorio de la segunda ciudad más poblada de España ha aprobado hoy una declaración que aboga por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía" y desaprueba al Rey Felipe VI por justificar "la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017", en referencia a las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal de autodeterminación. El contenido es, en esencia, idéntico a la resolución que los comunes presentaron en la cámara catalana y que el Gobierno ha anunciado este mediodía que impugnará ante el Tribunal Constitucional.

El respaldo del grupo municipal de Ada Colau ha sido decisivo para que prosperara la propuesta que, en este caso, la CUP ha trasladado al pleno del Ayuntamiento. La alcaldesa ya retiró un busto de Juan Carlos I de la sala de plenos en 2015, eliminó el nombre del rey emérito de una plaza de la ciudad en 2017 y ha iniciado trámites para cambiar el nombre de la avenida Borbón.

Como en ocasiones anteriores en que el Consistorio se ha manifestado sobre el proceso soberanista en Cataluña, la formación de la alcaldesa, Barcelona en Comú (BComú), se ha alineado con las fuerzas independentistas en diferentes votaciones. Los 29 concejales que suman BComú, PDeCAT, ERC, la CUP y los dos no adscritos se han unido en la proposición contra el Rey, así como en otra en que han reclamado la puesta en libertad de los reclusos del procés en prisión preventiva.

Los 12 regidores de Ciudadanos, PSC y PP se han opuesto. Los miembros de Cs han abandonado la sala antes de leerse la declaración contra la monarquía, mientras los populares han explicado que se han quedado para "dar voz a los que defienden la ley y el estado de derecho". Instantes antes, BComú se ha definido crítica con la fallida declaración unilateral de independencia, de la cual este sábado hará un año que se alumbró en el Parlament, pero ha evitado que se ratificara una propuesta del PP contra la misma. Además, Colau ha aceptado la petición de ERC de estudiar que un espacio significativo de Barcelona pase a denominarse Uno de Octubre, en recuerdo del plebiscito ilegalizado del año pasado.

La resolución contra la Casa Real critica en especial el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017, que precedió a la intervención de la Generalitat. Proclama que, aquel día, "la Casa Real ejerció una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios", que ve plasmados en "la Constitución surgida del régimen del 78". Además, sostiene que Felipe VI "emitió un discurso amenazador contra parte de la población que dice representar, con la intención de acabar con la movilización popular y la obsesión de preservar la unidad de España a cualquier precio".

De forma genérica, la misma moción rechaza "los actos represivos en contra de la ciudadanía", "las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución" por el que se destituyó al Govern de Carles Puigdemont, "la amenaza de ilegalización de partidos políticos catalanes, la judicialización de la política y la violencia ejercida contra los derechos fundamentales".