Dos detenidos y cinco investigados por furtivismo en una operación del Seprona en Castilla-La Mancha

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras cinco por furtivismo en la provincia de Guadalajara, como tenencia ilícita de armas y se han decomisado artículos no permitidos como visores nocturnos o silenciadores. 

En un comunicado de prensa, la Guardia Civil de Guadalajara ha señalado que esta provincia presenta unas "inmejorables condiciones" para la práctica de la actividad cinegética de la caza, que, según ha señalado, no siempre se desempeña según la reglamentación.

Se entienden como conductas de furtivismo aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias administrativas requeridas, el uso de armas, medios o municiones ilegales, la caza de animales protegidos o las que se llevan a cabo dentro de áreas restringidas o prohibidas, explican estas mismas fuentes.

En este marco, la Guardia Civil ha informado de que patrullas del Seprona de las localidades de Orea y Atienza han desarrollado varias actuaciones que han culminado con la notificación de más de 30 denuncias a la legislación de caza y a la legislación de las armas, y el decomiso de tres rifles, linternas de gran potencia, visores nocturnos, silenciadores y diversa munición.

Además, dos personas que realizaban actividades de caza ilegal fueron detenidas por la Guardia Civil de Maranchón por un delito de atentado a agente de la autoridad y por un delito de tenencia ilícita de armas en el término municipal de Torremocha del Campo. Todas estas operaciones están relacionadas con la apertura de la veda del corzo en la provincia que atrae a muchos aficionados a esta actividad cinegética y que no siempre se realiza en la forma determinada en la legislación.

Las conductas de furtivismo están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos, además de las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla-La Mancha que prevé sanciones de hasta 60.000 euros.