Digital Castilla
Trabajadores de seguridad de la Junta amenazan con encerrarse y acusan a Ruiz Molina de "engañarles"
Así lo ha indicado Juan Caro, integrante del Comité de Empresa de estos trabajadores, que ha ofrecido una rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, dentro de las llamadas ´ruedas ciudadanas´ de Podemos, acompañado del secretario regional de esta formación, José García Molina.
El representante de los trabajadores ha advertido de que en base a este nuevo contrato, que tiene una duración mínima de dos años y entrará en vigor a partir del 1 de mayo, los trabajadores van a dejar de ser mileuristas para cobrar 690 euros, "por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".
Todo ello porque la empresa --Sinergia-- "va a tener unos beneficios de 1,6 millones de euros y el Gobierno regional un ahorro de 350.000 euros, a costa de que cada uno de los 133 trabajadores dejen de percibir al año 6.000 euros".
Dicho esto, Caro ha criticado que el Gobierno regional, y en concreto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, les haya "dado largas y les haya engañado", pues se comprometió a obligar a la adjudicataria, que les va a aplicar su propio convenio y no el estatal, a poner en vigor las cláusulas sociales aprobadas de forma reciente.
"Pero por amenazas de la empresa se han echado para atrás y nos han dejado en la nada. El consejero ha dicho que antes era su familia que la de 130 familias porque le iban a acusar de prevaricación", ha condenado Caro, que ha agregado que la empresa podría haber amenazado al Gobierno regional con denunciarle por prevaricación, pues han ganado legalmente el concurso de adjudicación.
"Estas empresas al ir fuera de convenio ofertan muy barato, van al límite, casi a la baja temeraria", ha lamentado Caro, que ha agregado que dadas las prácticas que lleva a cabo, Sinergia ha sido expulsada de la Comunidad de Madrid.
La Junta precariza a los trabajadores
De su lado, el secretario regional de Podemos ha asegurado que se puede decir "si se es benévolo" que con este pliego de condiciones la Junta "ha cometido un error", aunque ha defendido que "más bien es una forma encubierta de precarizar a los trabajadores para ahorrase ese dinero".
Dicho esto ha lamentado "cómo un ente público ha podido sacar un pliego de condiciones que abre la puerta a una empresa casi pirata, imputada y condenada en otras comunidades autónomas, porque hace una oferta económica insostenible e indigna dejando a 133 familias en la absoluta precariedad".
Y es que el líder de la formación morada ha afeado al Gobierno regional que incluso haya tratado con "chulería" a estos trabajadores, pues ha explicado que el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, le aseguró que el asunto "estaba solucionado porque la empresa aceptaba aplicar el convenio estatal".
"Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando tal acuerdo no es real y estas familias se van a quedar en el umbral de la pobreza trabajando un montón de horas. Que esto pase con el beneplácito de la Junta de Comunidades, es escandaloso", ha concluido.
