Un colectivo indignado por la electrocución de aves acusa a la Junta de "boicot"

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha denunciado lo que a su juicio consideran un "boicoteo" del Gobierno regional al trabajo de sus efectivos, "al no haber nombrado a ningún agente para participar en el grupo de trabajo creado a requerimiento de la Fiscalía, para atajar los problemas de electrocución de aves".

En nota de prensa, APAM ha explicado que los pasados días 1 y 2 de junio en una reunión de todos los miembros de este equipo en Zaragoza, "Castilla-La Mancha no envió a ninguno de sus agentes, ni funcionario de otra índole, y no fue por falta de voluntarios que, desinteresadamente, se ofrecieron para este cometido".

Han indicado que este grupo de trabajo se crea a iniciativa de la Fiscalía Coordinadora de Medioambiente y Urbanismo, con el objetivo de abordar la "grave" problemática existente en torno a las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos, ya que miles de ellas mueren al año en España por este motivo.

"La inexplicable actitud del Gobierno regional y más concretamente del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, boicotea la posibilidad de poner medidas contra este problema, comprometiendo gravemente la conservación de nuestras especies amenazadas en todo el territorio nacional", han condenado.

Expediente sancionador

Desde APAM, que asegura que Castilla-La Mancha ha sido "pionera en la lucha contra este problema existiendo numerosos expedientes sancionadores y habiéndose logrado el aislamiento y modificación de gran cantidad tendidos eléctricos tras el arduo e incesante trabajo del Cuerpo de Agentes Medioambientales, han criticado que el Gobierno regional "se pliegue a los intereses de las compañías eléctricas y pierde toda su credibilidad cuando pretende hacernos creer que se deben a un compromiso con el medio ambiente, cuya asignatura sigue aún suspensa en este Gobierno".

Según APAM, el Gobierno regional "se niegan a que sus agentes medioambientales, funcionarios pagados con dinero de todos, hagan su trabajo. Supone un intento más de bloquear sus posibilidades de actuar como policía judicial, ya no se conforman sólo con expedientar los compañeros que ponen ante la justicia delitos tan graves como incendios forestales, ordenación del territorio o furtivismo, si no que tienen el atrevimiento de negar el auxilio cuando son requeridos para ello de nada menos que de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo dependiente del Ministerio de Justicia".

"Exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que vuelva a la senda de la coherencia, que cumpla lo prometido a esta asociación cuando era alcalde de Toledo y que ordene de inmediato a su consejero de Agricultura que termine con la humillación a este colectivo o mejor, que lo cese directamente y permita que el Cuerpo de Agentes Medioambientales pertenezca a otra consejería donde se le aprecie, valore, aproveche su potencial, asuma con responsabilidad nuestra función de servicio público y se comprometa con este", han concluido.