Tirón de orejas al Gobierno de Castilla-La Mancha por los 103 millones usados indebidamente

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de Castilla-La Mancha de 2015 y concluye que ese año la región alcanzó un déficit de 597 millones, que supuso el 1,59 por ciento de PIB y, por tanto, no cumplió el objetivo de estabilidad, aunque sí respetó el objetivo de deuda.

El informe, aprobado el 30 de noviembre de 2017, recoge una serie de conclusiones tras analizar las liquidaciones de presupuestos, las cuentas patrimoniales, las diferentes áreas de gestión -como avales, endeudamiento, personal, gasto sanitario y subvenciones- y comprobar si se han seguido las previsiones legales para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

También formula recomendaciones, la mayor parte incluidas en informes de años precedentes y reiteradas en el presente, por su "insuficiente grado de implantación".

En las conclusiones, el informe indica que la Cuenta General de Castilla La-Mancha y las demás cuentas anuales individuales de las entidades que integran el sector público autonómico o que están mayoritariamente participadas por la comunidad se han rendido, en general, respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido.

Sin embargo, señala que las cuentas de Radio-Televisión Castilla-La Mancha y de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, integradas en la Cuenta General, deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública.

Respecto a las cuentas anuales que no forman parte de la Cuenta General pero pertenecen al sector público regional, las de la Fundación Centro Tecnológico Europeo del Asfalto no fueron rendidas y en 2017 se ha producido la renuncia de la Junta de Comunidades a su condición de miembro del Patronato.

Además, las de los consorcios (aún en liquidación) Parque Arqueológico de Alarcos y Parque Arqueológico de Carranque se formularon conforme al Plan General de Contabilidad privada, en contra de lo que estipulan sus estatutos.

El informe también señala que se produjeron actos de convalidación por el Consejo de Gobierno por valor de 281 millones de euros, de los cuales 264 eran compromisos de gasto de carácter plurianual surgidos por las operaciones de endeudamiento formalizadas en el ejercicio anterior.

En concreto, señala que gastos por 13 millones de euros, originados en ejercicios anteriores a 2015, no se encontraban registrados a 1 de enero de dicho año en la cuenta "acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

El informe, recoge que, con carácter general, las cuentas de la Administración General de la Junta y de los entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, así como la gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen, si bien realiza una serie de salvedades y observaciones sobre las mismas.

Incumplimiento de la Ley de Presupuestos 

Así, indica que se tramitaron ampliaciones de crédito por 103 millones de euros incumpliendo la Ley de Presupuestos de la Junta para 2015, que prohíbe las modificaciones de crédito que supongan aumento en las necesidades totales de financiación, salvo aquellas de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que se realicen con cargo al Fondo de Contingencia.

Respecto al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el informe señala que 66 millones de euros gastados antes de 2015 fueron imputados al presupuesto de ese año, mientras que otros gastos realizados en el ejercicio fiscalizado, por importe de 42 millones, quedaron pendiente de imputación.

Señala, asimismo, que las cuentas anuales de la Sociedad Mercantil Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha presentaban incorrecciones en la aplicación de criterios contables y ausencia de información relevante en relación con operaciones tales como el registro y transmisión del Hospital de Toledo o el deterioro de los créditos concedidos a varios ayuntamientos.

El informe del Tribunal de Cuentas recuerda que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas señaló que Castilla-La Mancha cerró 2015 con un déficit de 597 millones de euros, lo que supuso el 1,59 por ciento del Producto Interior Bruto, con el consiguiente incumplimiento del objetivo de estabilidad y la necesidad de elaborar un Plan Económico Financiero.

Castilla-La Mancha tampoco respetó la regla de gasto establecida, aunque cumplió el objetivo de deuda para 2015.

Además, no se solicitaron los informes previos y preceptivos establecidos en materia de personal, en Radio Televisión Castilla-La Mancha, en la Sociedad de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha y en el ente público de infraestructuras del agua.

Por otro lado, el Sescam no cuenta con la correspondiente provisión contable para responsabilidades y, además de la anulación de determinados compromisos de gasto, se ha apreciado el riesgo de generar obligaciones que no se puedan imputar al presupuesto por no existir el crédito en el momento de recibirse los bienes.

Por último, el informe recoge que el grado de ejecución de los proyectos vinculados a los Fondos de Compensación Interterritorial considerado por la comunidad autónoma no responde a su avance físico, dado que la falta de concreción de los mismos impide determinar dicho avance.