Los castellano-manchegos necesitarían destinar 128 días de trabajo en 2018 para amortizar la deuda de la región

Los habitantes de Castilla-La Mancha necesitarían destinar un total de 128 días de trabajo en 2018 para amortizar la deuda de la Comunidad Autónoma, según el 'Observatorio de Deuda' del cuarto trimestre elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Además, de la castellano-manchega, las comunidades donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (151) y Cataluña (123), mientras que donde emplean menos jornadas sería en el País Vasco (50), en Canarias (52) y en Madrid (53). En promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 88 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda.

En términos nacionales, AIReF considera que la reducción de la ratio de deuda sobre el PIB en 2017 hasta el 98,4% fue "baja", ya que a pesar de un crecimiento superior al 3%, por tercer año consecutivo no se cumplió con la reducción de dos puntos porcentuales de deuda establecida en la Ley de Estabilidad para años en los que la economía crezca más del 2%. No obstante, ve "probable" la senda de reducción prevista por el Gobierno en el medio plazo.

El observatorio continúa proyectando una senda "levemente decreciente" sobre la deuda pública, por lo que sigue estimando que la consecución de los valores de referencia legales para el conjunto de las administraciones públicas no se producirá antes del año 2035.

En cuanto a las comunidades autónomas, el observatorio refleja que las mejor situadas son Islas Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (13% de su PIB) dentro de los próximos tres años.

Por el contrario, regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia no lograrían llegar al nivel de referencia hasta después de 2040 bajo los supuestos del escenario neutral.

De su lado, destaca que solo el subsector de corporaciones locales ha sido capaz de alcanzar el valor de referencia ya en 2016, anticipándose al 2020, año previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad, y señala que la "imposibilidad fáctica" de cumplir con dicha disposición para la mayoría de los subsectores llama a una revisión de la misma, de modo que prevea sendas "exigentes pero realistas".

Por primera vez, la AIReF publica una nueva herramienta interactiva que permite realizar un análisis más detallado sobre la sostenibilidad de la deuda de las distintas administraciones públicas.

La ratio de deuda por administraciones

La ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situó en el 98,3% (1,14 billones) al finalizar 2017, disminuyendo 0,3 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año, según datos del Banco de España, mientras que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recoge una décima más (98,4%).

Según constata la AIReF a partir de los datos publicados por el Banco de España, en el cuarto trimestre de 2017, el conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,1% del PIB (827.240 millones), 0,1 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior".

En el caso de las corporaciones locales, la ratio bajó ligeramente hasta el 2,5% del PIB (28.950 millones) mientras que para el conjunto de las CCAA la ratio de deuda subió 0,1 puntos respecto del trimestre anterior y se mantuvo a nivel interanual en el 24,8% del PIB (288.110 millones).

Probable reducción a medio plazo

En cualquier caso, la AIReF sigue considerando "probable" la evolución de la senda de la ratio de deuda de las administraciones prevista por el Gobierno en el medio plazo y contenidas en la actualización del Plan Presupuestario, que apunta a una bajada de la ratio de deuda hasta el 97,6% del PIB para este año.

Para el subsector de CCAA, la AIReF observa que los riesgos para la sostenibilidad financiera en el medio plazo siguen siendo altos, por el elevado nivel de deuda que ronda el 25% del PIB, aunque existen "ciertos signos de mejoría a nivel individual".

Por otro lado, los mecanismos de financiación representaron en 2017 más del 90% del total de emisión de deuda en Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias, Murcia, Galicia y Aragón. Según la AIReF, el resto de CCAA también cubrieron la mitad o más de sus necesidades de financiación recurriendo a mecanismos --con la excepción de Castilla y León que mostró un uso más contenido de dicho instrumento--, a excepción de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, que no han hecho uso de tales mecanismos en 2017.

En términos absolutos, considera que el recurso a los mecanismos sigue siendo desigual por parte de las distintas CCAA, ya que el 65% del total de los préstamos concedidos en 2017 de los fondos de financiación a las CCAA pertenece a tres comunidades: Cataluña (28% del total), la Comunidad Valenciana (20%) y Andalucía (17%). Las dos primeras son, además, junto con Castilla La Mancha, las más endeudadas en relación con su PIB.

Sobre las corporaciones locales señala que presentan riesgos bajos de sostenibilidad, contando además con reservas financieras para amortizar casi la totalidad del stock de deuda actual, por lo que la ratio de deuda se mantenga por debajo del 3% del PIB.

Los ayuntamientos más endeudados

El observatorio también refleja que existen grandes disparidades en el endeudamiento per cápita de los grandes ayuntamientos (mayores de 250.000 habitantes), siendo Zaragoza (1.386 millones) y Madrid (1.076 millones) los más endeudados en estos términos, por un lado, y Bilbao, Las Palmas y Vigo los que menos.

No obstante, en el caso de Zaragoza esta situación es en parte consecuencia de la imputación del préstamo derivado de la operación de inversión en el tranvía de la ciudad, al tiempo que en el de Madrid la ratio de deuda sobre ingresos es inferior al 75% y el esfuerzo de reducción de la misma realizado desde el 2012 se sitúa en torno al 100% de dicha ratio.

En cuanto al componente común, se observa una caída generalizada en todas las comunidades autónomas. Extremadura (389), Andalucía (362) y Castilla-La Mancha (340) son las comunidades cuyos habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor. Por su parte, donde menos días de trabajo se dedican a este fin es en la Comunidad de Madrid (197), el País Vasco (201) y Navarra (216).