La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que algunos aspectos de la futura normativa de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha son susceptibles de mejora desde la óptica de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente. Un Anteproyecto  de Ley (APL) que pretender adaptar la legislación vigente en Castilla-La Mancha en materia de consumo a modificaciones de la normativa nacional de consumidores y a reformas impulsadas por la UE en diferentes campos (seguridad de productos, sistemas de pago o viajes combinados).

La norma incorpora aspectos del derecho comunitario y refuerza la protección a los consumidores. El informe se emite a solicitud de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC.

Sin embargo, a juicio de la CNMC, el APL asume erróneamente que las actividades en las que los operadores no dispongan de los títulos habilitantes exigidos son inseguras para los consumidores. En realidad, la exigencia de título habilitante es una excepción a la regla general de libertad de establecimiento de empresas en la Unión Europea y responde a diversas motivaciones, además de la protección de los consumidores.

Mejorar el diseño

Que un operador no tenga el título habilitante exigido no convierte automáticamente la actividad en insegura para el consumidor.  Así, la CNMC recomienda mejorar el diseño de la futura autoridad de vigilancia del mercado, para evitar que sus competencias se solapen o no estén coordinadas con las de las autoridades de competencia. 

El órgano regulador recomienda asimismo extremar la cautela en el uso de medidas con un fuerte impacto económico sobre los mercados, como la posibilidad prevista en el APL de que la autoridad de vigilancia del mercado pueda suspender la actividad de una empresa.

La APL deberá adoptar un enfoque más neutral sobre los nuevos modelos económicos, puesto que los grandes beneficiados de dichos modelos son, precisamente, los consumidores. Deberían igualmente evitarse algunas regulaciones que pueden fomentar restricciones de la competencia, como la preferencia por los productos locales (discriminación por razones geográficas) o el énfasis en la transparencia de precios, que puede facilitar la colusión entre operadores.

Por último, la CNMC recomienda cautela en el uso de la autorregulación y la corregulación, para evitar que las empresas tengan una influencia excesiva en la regulación de materias que afectan al interés público, además de evitarse la exigencia general de que los profesionales deban informar sobre el colegio profesional de adscripción, puesto que este no es un requisito previsto en general en las leyes.