Báñez anuncia la millonaria ayuda que recibirá Castilla-La Mancha para políticas activas de empleo

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social distribuirá 2.054,8 millones de euros a las Comunidades Autónomas, de los cuales 87.707.283 serán para Castilla-La Mancha-- para políticas activas de empleo, lo que supone un aumento del 8,5% en comparación con el reparto de abril del año pasado.

Así se acordó en la LXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada este martes y que estuvo presidida por la ministra del ramo, Fátima Báñez. Esta dotación contempla un incremento de 37 millones de euros en comparación con el presupuesto prorrogado de 2017.

Este incremento de 37 millones de euros irá a parar, entre otros aspectos, a financiar el aumento de las subvenciones de mantenimiento del empleo de las personas trabajadores con discapacidad que prestan sus servicios en Centros Especiales de Empleo, con motivo del "fuerte incremento" del salario mínimo interprofesional que se ha aprobado para 2017 y 2018.

Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2018, actualmente en trámite parlamentario, la cuantía final a distribuir a las CCAA se elevará hasta los 2.126 millones de euros, para lo cual se prevé una nueva distribución de la cuantía restante avanzado el año.

Asimismo, durante la Conferencia Sectorial también se ha evaluado el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2018 y el grupo de trabajo de este programa para 2019. En 2018 se cumple el quinto año en el que se aplica un modelo de reparto basado en el cumplimiento de objetivos por parte de las comunidades autónoma.

De esta forma, la programación, evaluación y financiación de las políticas activas de empleo establece un sistema de incentivos que promueve que las comunidades actúen según los objetivos acordados en el Sistema Nacional de Empleo.

Plan Anual de Empleo

El Plan Anual de Política de Empleo 2017 contaba con un total de 24 indicadores que fueron consensuados y elaborados por las propias regiones. Los datos cuantitativos en los que se ha basado esta evaluación del PAPE muestran una mejoría del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo, en el grado de consecución de los objetivos estructurales.

Desde Empleo indicaron que el índice de cumplimiento de estos objetivos ha mejorado ininterrumpidamente desde el año 2014, acumulando un incremento superior al 18%. En 2017, un total de trece comunidades superaron el valor medio del año 2016.

Entre los principales avances destacan que los colectivos de personas con mayores dificultades de acceso al empleo se redujeron durante más de un 14% el año pasado, mientras que el 43% de las personas pertenecientes a estos colectivos que fueron contratadas durante el año 2017, había recibido previamente atención por parte de sus Servicios Públicos de Empleo.

Además, el número de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil creció en el año 2017 un 128%, lo que supone la primera vez que se evalúa el grado de ejecución de fondos de Garantía Juvenil, mientras que la formación acreditable impartida a personas desempleadas alcanzó en 2017 el porcentaje más alto de la serie histórica, con un 87,5%. Otros avances fueron que el número de colocaciones realizadas directamente por los SPE creció un 13% en 2017 y superó las 338.000.