La autopista Ocaña-La Roda baja sensiblemente su precio y levanta las barreras por las noches

Las tarifas de los peajes de ocho de las nueve autopistas quebradas y rescatadas por el Estado bajan desde este martes una media del 30 % y se podrá circular gratuitamente por ellas entre las 0.00 y las 6.00 horas, medidas con las que el Ministerio de Fomento pretende incentivar su utilización y elevar los ingresos que generan estas vías rápidas.

Los usuarios que paguen con dispositivos electrónicos (Tag) se beneficiarán de bonificaciones del 18 % en el caso de vehículos ligeros y del 10 % en el de pesados.

Las nuevas tarifas entran en vigor este martes en las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y en los tramos de la AP-7 Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante. Los nuevos precios de la AP-36 que discurre en su totalidad por Castilla-La Mancha, pueden verse pinchando aquí.

Tras quebrar las concesionarias que las gestionaban, estas autopistas pasaron a depender de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), que próximamente asumirá también la AP-41, entre Madrid y Toledo.

El Ejecutivo aprobó diversos cambios legales para que Seitt pueda cobrar peajes en estas autopistas una vez que hayan vencido los contratos de concesión, y pueda gestionarlas hasta 2022. En paralelo, no cierra la puerta a volver a licitar su gestión y mantenimiento, aunque no ha fijado plazos ni calculado la cuantía de la licitación.

Lo que si debe fijar es la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) o lo que es lo mismo, la cantidad que el Estado deberá pagar a los dueños de las concesionarias, en su mayoría fondos que compraron su deuda, por la inversión que se hizo en su día para construir las carreteras y que quedó pendiente de amortizar al resolverse anticipadamente los contratos de concesión.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros acordó la resolución de los contratos de concesión de ocho de las autopistas de peaje quebradas y fijó un plazo de seis meses para calcular la RPA, que vencía a lo largo de enero y se ha prorrogado tácitamente seis meses.