El Gobierno está revisando el criterio de reparto del fondo de 16.000 millones de euros para que las autonomías hagan frente al impacto causado por las crisis sanitaria con el objetivo de que "el criterio de población tenga mayor peso en la asignación global", según ha dicho hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta medida choca con las pretensiones del presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, partidario de que tuviera más peso la incidencia del COVID-19.

En su respuesta al senador de Més Vicenç Vidal Matas que reclamaba en la Cámara Alta una mayor financiación para las Islas Baleares, María Jesús Montero se ha mostrado convencida de que se dará "una respuesta equitativa y moderada" que satisfaga "al conjunto de los territorios".

Algunos de ellos, incluido Baleares, se han mostrado descontentos con las asignaciones para hacer frente a los gastos derivados de la crisis del COVID-19, que tienen en cuenta principalmente el nivel de afección que ha tenido la pandemia en los territorios.

En concreto, el Govern Balear considera que ese reparto es injusto y entiende que Baleares debe tener un trato específico por ser un territorio cuya actividad económica depende en gran parte del turismo, y la crisis sanitaria ha dejado muy maltrecha la economía de las islas.

"Les Illes Balears vamos a recibir menos porque hemos hecho nuestro trabajo y nos hemos endeudado para tener una salud pública potente", ha dicho el senador de Més, que ha pedido tener en cuenta el peso del sector turístico.

Y ha incidido: "Les pedimos ese esfuerzo porque siempre las inversiones en las Islas Baleares están por debajo de la media".

Sin embargo, la ministra de Hacienda ha explicado que con ese fondo el Gobierno pretende hacer con las comunidades autónomas lo mismo que le reclama a la Unión Europea para España: que el Gobierno absorba los gastos que en las comunidades autónomas ha generado la pandemia.

"No es un préstamo, es un dinero que no se tiene que reembolsar", ha dicho la titular de Hacienda y también portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha defendido que el Gobierno entiende las "legítimas aspiraciones" de todos los territorios aunque, ha dicho, su obligación es "armonizar" sus necesidades y demandas.