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Castilla-La Mancha recibirá más de 16 millones para personas dependientes
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución entre las comunidades autónomas de un total de 283 millones para la financiación de la dependencia, de los que 16.063.569,30 euros corresponden a Castilla-La Mancha.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha valorado la importancia de recuperar estos fondos que corresponden al llamado ‘Nivel Acordado’, y se trata de una partida que fue recortada en 2012 por el anterior Gobierno que ahora recupera el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha informado en nota de prensa la Delegación del Gobierno en la región.
De este modo, Tierraseca ha destacado que el Gobierno central da cumplimiento a uno de los principales compromisos del Acuerdo de Gobierno de la coalición progresista y supondrá que Castilla-La Mancha reciba "más de 16 millones destinados a personas en situación de dependencia que lo necesitan para su día a día".
De igual forma, ha explicado que, junto a la recuperación del Nivel Acordado, el Gobierno de España además ha elevado una media del 17 por ciento las cuantías del 'Nivel Mínimo', las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas por cada persona dependiente atendida.
En conjunto, supone el aumento de la financiación a la dependencia en 600 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 43 % en la aportación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, responsable de esta partida.
En este sentido, Tierraseca ha subrayado que estos fondos darán cumplimiento al Plan de Choque en Dependencia, cuyos tres objetivos son reducir las listas de espera, mejorar las condiciones y la calidad de los servicios profesionales para la dependencia y mejorar las prestaciones financiadas que reciben las personas dependientes.
Además, ha recordado que para los años 2022 y 2023 el Gobierno central se compromete a llevar a los presupuestos incrementos similares (y acumulativos) para conseguir el objetivo fijado en el Acuerdo de Gobierno de reducir la lista de espera al menos un 75 %, además de mejorar las prestaciones que reciben las personas dependientes y las condiciones laborales de los profesionales.
