Castilla-La Mancha tendrá que pagar 270 millones de euros más en intereses vinculados a su deuda pública durante los próximos tres años. Será la quinta comunidad autónoma de España donde la subida de los tipos más perjudique a las arcas regionales.

Así se extrae del informe 'Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CCAA', presentado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que estima que Cataluña será la comunidad autónoma donde más aumentará el gasto, con una variación de 1.383 millones de euros entre 2022 y el 2026.

En cuanto a esta variación entre el gasto en intereses entre 2022 y 2026, la Comunidad Valenciana es la segunda región, con 985 millones de euros. Le siguen Andalucía (633); Madrid (343); Castilla-La Mancha (270); Castilla y León (223); Murcia (219); Galicia (204); Aragón (152); Baleares (141); Canarias (113); País Vasco (104); Extremadura (92); Asturias (72); Cantabria (56) y Navarra (30).

[España coloca 3.490 millones en deuda y reduce el interés que paga para financiarse]

Para hacer esta estimación, Fedea ha tomado como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público de las CCAA recogidas en la Actualización del Programa de Estabilidad, la vida media y los plazos de la deuda pública actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2014.

Tipo de interés medio

Mientras que en el periodo 2014-2021 el tipo de interés medio para la deuda pública objeto de análisis ha sido del 0,529 %, en los momentos actuales se supera 3 %. En este sentido, las estimaciones del diferencial entre el tipo de interés de la deuda emitida en años anteriores y el tipo de interés al que se emite en estos momentos se sitúan en el 2,6 %.

Así, si las comunidades autónomas solo emitiesen deuda para satisfacer los vencimientos de la que hay actualmente en circulación, el gasto autonómico en intereses se elevaría desde los 3.608 millones de euros de 2022 hasta los 8.659 millones de euros en 2026. Esto significa multiplicar por 2,2 los recursos dedicados actualmente a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica.