Entre las empresas denunciadas figura una fábrica de Castilla-La Mancha Un total de catorce comunidades autónomas tienen previsto exigir en tribunales al menos 1.750 millones de euros a los fabricantes de pañales para adultos que crearon un cártel durante 17 años para manipular el mercado y aumentar sus precios de forma ilegal.

Esta decisión se produce ocho años después de destaparse el fraude, una vez el Tribunal Supremo ha confirmado las últimas multas a las compañías que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El fraude se destapó gracias a que Procter and Gamble entregó las pruebas del cártel a la CNMC y la multa de 128 millones se redujo posteriormente a 68 millones al aplicarse la clemencia al denunciante, algo que no le ha hecho librarse de las reclamaciones de las Administraciones autonómicas.

Los hechos se remontan a 2016, cuando la CNMC sancionó con un total de 128,8 millones de euros a siete empresas fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos y a la Federación Española de Fabricantes (FENIN) por una infracción única y continuada de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

Desde al menos 1996 venían fijando los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social (Servicio Nacional de Salud) que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados.

Implicados

En concreto, la CNMC considera que Arbora & Ausonia, S.L.U. (sucedida por Procter & Gamble España, S.A.); Laboratorios Indas, S.A.U, con fabrica en Noves (Toledo); SCA Hygiene Products; Laboratorios Hartmann, S.A.; Ontex ID, S.A.U.; Barna Import Médica; Textil Planas Oliveras, S.A.; y Algodones del Bages, S.A.U, con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias, desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración de la infracción en función de las empresas partícipes.

Las empresas sancionadas fijaron igualmente los precios y llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución (Colegios Oficiales de Farmacéuticos y asociaciones de mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos y sanitarios).

Cantidades

Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, Madrid, Murcia, Baleares y Asturias con cantidades que oscilan entre los 526 y 18 millones, son las cifras que exigirán en los tribunales, según el diario El País.

Otras como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Navarra, igualmente demandarán al cartel en los tribunales, aun cuando todavía están peritando el fraude e ignoran por ahora la cifra concreta que solicitarán.

Solo Cantabria ha anunciado que no emprenderá acciones, mientras que Canarias y La Rioja han decidido no pronunciarse. Por su parte, el Ministerio de Salud aún no ha avanzado si presentará su propia demanda contra las compañías que formaron el cartel.

Según señalaba Competencia, el alcance de la conducta sancionada era especialmente significativo, ya que la cuota de mercado conjunta de las entidades infractoras en el mercado relevante era del 95 %.

La incontinencia urinaria, un problema que afecta a cerca de 2,5 millones de personas, tiene importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de personas de edad avanzada y con discapacidad.