Castilla-La Mancha pierde competitividad fiscal y su sistema tributario ha empeorado en el último año en comparación con el resto de las comunidad autónomas en España. De hecho, la región castellano-manchega ha caído de golpe cuatro puntos, pasando del puesto número 11 al 15 en el ranking autonómico, y se sitúa ya entre las cinco comunidades con peor competitividad fiscal en nuestro país.

Así lo pone de relieve el informe autonómico de competitividad fiscal 2024 (IACF) de la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, y Tax Foundation, con sede en Washington, un índice que será presentado oficialmente el próximo lunes, 7 de octubre, en el Senado.

Este indicador tiene el objetivo de servir de guía a las comunidades para mejorar su sistema tributario y hacerlo más competitivo y atractivo para los empresarios y residentes. Mide y clasifica el nivel de competitividad fiscal de los diecinueve territorios españoles con autonomía tributaria.

Mapa de España del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de 2024.

La mayor caída

Frente a las comunidades con mejor competitividad fiscal, que son en este último informe Madrid, País Vasco y Andalucía, el caso de Castilla-La Mancha es significativo ya que es la región con mayor caída en el último año, frente a Extremadura, que es la región que más sube en el informe, un total de ocho puestos, pasando del 15 al 7. También La Rioja adelanta dos posiciones respecto a 2023, situándose en el octavo puesto. Ninguna comunidad baja tanto como Castilla-La Mancha en el último año.

La nota que obtiene Castilla-La Mancha en este indicador es del 5,62 sobre 10, frente al 7,24 que obtiene la Comunidad de Madrid, líder en esta clasificación por quinto año consecutivo en el ranking absoluto. Cataluña, que es la última en el índice, tiene una nota de 4,52 puntos.

Junto a la región castellano-manchega, en el puesto número 15, los peores resultados son para la Comunidad Valenciana en el 16, Aragón en el 17, Asturias en el 18 y Cataluña en el 19, la última región de toda España en este ranking. Se observa, en este sentido, que se trata de comunidades con distintos colores políticos en sus gobiernos autonómicos. En el caso de Cataluña, el informe explica que uno de los factores que le impiden alcanzar una mayor competitividad fiscal es la persistencia de numerosos impuestos adicionales creados por su gobierno autonómico.

Jesús Hellín Europa Press

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Falta de reformas

El informe explica que este empeoramiento del índice de competitividad fiscal en Castilla-La Mancha se debe a la falta de reformas tributarias, unido a las mejoras de Baleares, Extremadura, Cantabria y el adelanto de Navarra, a pesar del retroceso de esta última en el ranking general. "Desde la primera edición de este Índice hasta hoy, no hay que reseñar ninguna reforma significativa en el caso de Castilla-La Mancha", afirma textualmente el documento de fiscalidad de 2024.

El informe expone, además, que de "2017 a 2024, Castilla-La Mancha ha bajado siete posiciones en el IACF de octava a decimoquinta posición, reduciendo su puntuación en 0,46 puntos, alcanzando una nota de 5,62 en el IACF de 2024".

De hecho, Castilla-La Mancha es, junto con Navarra, la comunidad que más posiciones ha perdido en el Índice desde 2017. En 2021, al no haber regulado una tarifa propia para el Impuesto sobre el Patrimonio, "Castilla-La Mancha se ve afectada por la introducción de una nueva tarifa estatal, reduciendo su puntuación en el índice correspondiente". En el periodo analizado, no hay que reseñar otra reforma significativa en el caso de Castilla-La Mancha, dice el informe.

Índice autonómico de competitividad fiscal.

Recomendaciones

Por todo ello, el informe de la Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation recomienda a Castilla-La Mancha reformar el Impuesto sobre la Renta, reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos en 2 puntos, con un tipo impositivo máximo del 20,5%, para alcanzar un tipo marginal máximo conjunto estatal y autonómico del 45%, parecido al de Reino Unido.

Además, se recomienda a la región "deflactar todos los años de forma automática todos los tramos de IRPF y los mínimos personales y familiares con la inflación", además de aplicar, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a los grupos I y II un mínimo exento de un millón de euros, eliminar los coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco y patrimonio preexistente y a los grupos III y IV aplicar las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas actualmente a los grupos I y II.

También se recomienda a la región derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlo al 100% y "de no ser posible, aumentar el mínimo exento a tres millones de euros", estableciendo igualmentw el tipo de gravamen del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en el 0,5%-0,75% y bajar 2 puntos el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) hasta el 7%. Finalmente, se recomienda "eliminar los dos impuestos propios autonómicos".