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Preocupación en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha: llevan un mes mirando el BOE pero sigue sin aparecer
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Aasja) de Ciudad Real ha pedido al Gobierno central que ponga en marcha, de forma "inminente", medidas excepcionales para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector vitivinícola como consecuencia del COVID-19.
Ante una vendimia próxima, con una previsión de cosecha de gran producción, la organización agraria ha asegurado que "es de imperiosa necesidad que se comience a retirar vino del mercado y corregir así el desajuste entre la oferta y la demanda provocado por el cierre del canal 'HORECA' y el descenso del consumo tras la crisis sanitaria", han señalado en un comunicado de prensa.
Ha reseñado que ya hace un mes que el sector supo del compromiso del Gobierno central de poner en marcha un Real Decreto que recogiera mecanismos para ayudar a los viticultores a afrontar el oscuro panorama que el COVID-19 les ha dejado como son la destilación, el almacenamiento privado y la vendimia en verde.
"Desde entonces, se vive pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que daría luz verde a estas medidas", ha admitido la organización, que ha lamentado la dejadez del Gobierno porque "la normativa no llega".
Un retraso que, ha señalado, "está generando mucha preocupación en el sector, de gran peso en la economía de Castilla-La Mancha, que genera numerosos puestos de trabajo directos e indirectos al encontramos en la región más grande del mundo en superficie de viñedo y con más del 50 % de la producción nacional".
Asaja, que ha insistido en que se deben tomar medidas a la altura de la grave parálisis que vive el sector, ha entendido que la destilación de dos millones de hectolitros, como se prevé, no solucionaría esta crisis y que para que fuera efectiva se deberían superar con creces los cinco millones de hectolitros ya que "este año la cosecha, por ejemplo en Castilla-La Mancha, puede ser muy importante".
Además, ha agregado que tampoco se ayuda al sector estableciendo precios de la uva por debajo de los costes de producción, como también se contemplaba en el borrador del Real Decreto. "Todo lo que sea un precio por debajo de los 0,35 euros/kilogramo, estaríamos hablando de venta a pérdidas", según la organización agraria,
Igualmente, ha lamentado que el Gobierno tampoco vaya a aportar prácticamente fondos propios, sirviéndose de los de la Política Agraria Común (PAC) para ejecutar estas medidas y ha finalizado recordando que "solo con un presupuesto suficiente se podrá abordar realmente la crisis del sector, tal y como ha hecho Francia, aportando fondos propios y directos" a su sector vitivinícola.
