Varias decenas de delegados sindicales de UGT y CCOO se han concentrado hoy frente a la sede de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, para pedir mejoras laborales para los trabajadores del sector de atención a personas con discapacidad que emplea a unas 10.000 personas en la región, en más de 500 empresas.

La concentración se ha desarrollado en el marco de las movilizaciones que han iniciado hoy los dos sindicatos en toda España, para pedir la patronal que se inicie un proceso negociador que aborde las necesidades de empleo, la recuperación de derechos laborales, la conciliación laboral y familiar y las mejoras salariales.

El responsable regional del sector de discapacidad de UGT, Pablo Guerrero, ha justificado las movilizaciones ante la "cerrazón" por parte de las patronales que componen el sector, "de tal manera que se produce una inmovilidad permanente".

Guerrero ha explicado que el asunto esencial que se está tratando en el convenio es el salario que está estancado desde 2016 y lo que pretende la patronal, después de año y medio de negociación, es que se congele el salario de 2017 y una subida superficial en el salario de 2018.

Sin embargo, en el periodo 2012-2017 ha habido una subida acumulada del IPC del 6,9 por ciento, lo que se ha traducido en una clara pérdida de poder adquisitivo, ha señalado.

"Actitud inmovilista" de la patronal

Por su parte, el secretario regional de Enseñanza Privada de la Federación de Enseñanza de CCOO, Antonio Romero, ha criticado "la actitud inmovilista de la patronal" que presta estos servicios, que "son servicios públicos que se pagan y se gestionan con dinero público".

Por ello, los sindicatos piden una igualdad de los servicios sociales en Castilla-La Mancha, para que todos los usuarios tienen que tener la misma atención con independencia de que la gestión sea pública o privada, ha señalado.

Romero ha dicho que lo que vienen reclamando es que se dote a todos los centros del mismo personal y se equiparen las condiciones laborales y de trabajo.

También ha apuntado que la apertura de nuevos recursos debe ir acompañada de unos ratios de trabajadores adecuados al servicio que se presta y que sean al menos iguales a las comunidades autónomas del entorno, ya que Castilla-La Mancha tiene uno de los ratios más bajo de España.

Asimismo, ha considerado que no se pueden conseguir mejoras laborales si el precio por plaza que se está pagando en 2018 es el mismo que se pagaba en 2011.

En este sentido, ha indicado que CCOO y UGT llevan tiempo pidiendo al Gobierno de Castilla-La Mancha que se ponga en marcha una mesa tripartita entre la Administración autonómica, los sindicatos y los empresarios para analizar la situación del sector de la discapacidad en la región.

Los sindicatos han pedido además a la Junta de Comunidades que se haga revisión profunda de los convenios que las entidades firman con la Administración, de forma que se contemple un aumento de dotación de personal y de las retribuciones.

En este contexto, Romero ha explicado que no descartan nuevas movilizaciones de carácter provincial y regional con trabajadores, familiares y usuarios.

Y ha confiado en que sus reivindicaciones se escuchen ante la patronal, en este caso Plena Inclusión que aglutina la mayoría de entidades de Castilla-La Mancha y está en Aedis (Asociación Empresarial para la Discapacidad), que es la patronal mayoritaria del sector.