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Castilla-La Mancha incluye al sector de la carne de caza en las ayudas por Covid
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incluido al sector de la carne de caza en el decreto que convoca las ayudas de apoyo por la crisis de la covid-19, tal y como pidió hace unas semanas la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza, que espera que el resto de las comunidades autónomas hagan lo mismo.
En un comunicado, la Asociación ha explicado que la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en un escrito remitido al presidente de la entidad, Florencio Rodríguez, en base a las peticiones presentadas por Asiccaza y otras entidades, se han ampliado las actividades (CNAE) que fijaba inicialmente el Real Decreto-Ley “para adaptarlos a la realidad” de la economía regional.
Esta medida permitirá que los productores y comercializadores de carne de caza puedan optar a unas ayudas finalistas que oscilarán entre los 3.000 y los 200.000 euros, en función de la tipología de los beneficiarios y de los gastos subvencionables declarados.
Asiccaza ha valorado el compromiso del Ejecutivo regional, ya que este tipo de ayudas son de “vital importancia” para recuperar a un sector tremendamente afectado y que tiene un algo impacto en la generación de riqueza y empleo en muchas zonas rurales del país.
La asociación confía en que, después de Castilla-La Mancha, otras comunidades autónomas atiendan sus peticiones puesto que, aunque se trata de una industria cárnica, sus características singulares hacen que sea “enormemente dependiente” del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) , con una cadena de valor vinculada a la restauración y al turismo.
De hecho, según los datos que maneja la entidad, estas industrias han sufrido reducciones de hasta un 53 por ciento de su facturación, a lo que se une la bajada de precios por la falta de ventas reflejados en las lonjas.
Además, los productores enmarcados en organizadores de caza, explotaciones ganaderas y otras empresas cinegéticas han visto también afectada su situación económica por la limitación a la movilidad de los cazadores, especialmente de los procedentes del extranjero, que sustentan gran parte del aspecto comercial de estas explotaciones y que ha provocado en algunas empresas reducciones de facturación superiores al 90 por ciento.
