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El gobierno aprueba el Plan Movea para vehículos alternativos
El importe total de las ayudas asciende a 14,26 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, entrará en vigor con la publicación en el BOE del Real Decreto y finalizará el 15 de octubre de 2017 o hasta que se agoten los fondos disponibles.
Además de los coches eléctricos, se incluyen en el paquete de ayudas los vehículos que utilizan combustibles alternativos como los de gas licuado de petróleo, gas natural comprimido y licuado, los que se propulsan con pila de combustible de hidrógeno y las motos eléctricas; y excluye a los tradicionales que utilizan gasolina o gasóleo.
El Plan Movea además fomentará la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público.
Baremo de ayudas
La cuantía de las ayudas se fija con diferentes baremos dependiendo del tipo de vehículo y del combustible utilizado. La ayuda será a partir de 500 euros (turismos y furgonetas), 5.000 euros para microbuses y camionetas y 18.000 euros para autobuses y camiones. Para las motocicletas la ayuda oscila entre 1.500 y 2.000 euros.
Los puntos de venta que deseen adherirse al Movea tendrán que aplicar un descuento adicional mínimo de 1.000 euros para todos los vehículos, excepto cuadriciclos (150 euros) y motos (sin descuento). En el caso de que el vehículo sea eléctrico, el punto de venta deberá comprometerse a facilitar la instalación de un punto de carga.
Más puntos de recarga
Por otro lado, las ayudas para la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas públicas podrán alcanzar un importe de hasta el 40% del coste, con un máximo de 1.000 euros por punto de recarga convencional, de 2.000 euros por punto de recarga semirrápida y de 15.000 euros por punto de recarga rápida.
El Plan Movea busca fomentar el uso de vehículos propulsados con energías alternativas a los combustibles fósiles tradicionales, que están llamados a formar parte de la movilidad sostenible en el transporte, tanto en las ciudades como en las carreteras.
Debido a sus beneficios en materia de diversificación energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero, este tipo de vehículos ayudan, según el Gobierno, a "mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica, favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables".
