Propuestas de mejora para el Ingreso Mínimo vital

La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital ha venido acompañada por la descoordinación de las administraciones en su gestión y por la incapacidad de atender y resolver las situaciones en tiempo y forma. Gestión que ha ido a peor a raíz de la pandemia, tras implantar la atención telemática en detrimento de la atención presencial resolver las dudas y realizar las gestiones oportunas.

Cerca del 60% de solicitudes se deniegan como consecuencia de procedimientos excesivamente rígidos. El laberinto procedimental no corresponde a las expectativas creadas en torno a esta ayuda destinada a un millón de ciudadanos empobrecidos, para que puedan acceder a una renta individual de 462 euros, que aún así queda muy por debajo del umbral de pobreza, calculado en 739 euros.

Ante la desprotección en la que se encuentran las personas en situación de mayor precariedad económica y vulnerabilidad social, cabe denunciar que:

- La lentitud de la Seguridad Social, debido a la escasez de personal, hace interminable la revisión de las solicitudes. El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Emigración admite que la plantilla de la Seguridad Social “está desbordada”. 

- La imposibilidad de acceder a una atención presencial, agravada por las dificultades en las solicitudes telemáticas, junto con los plazos de los procedimientos administrativos que no tienen en cuenta la situación sanitaria actual ni cómo están funcionando las administraciones. Además, la robotización de las respuestas ha dado lugar a infinitud de equívocos o retrasos 

- La crueldad en la aplicación del silencio administrativo negativo, tras seis meses de espera. Se trata de del sufrimiento personal a que las personas continúen ejerciendo su derecho de solicitar o reclamar el IMV. 

- Un buen número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión carece de medios para tramitar el IMV debidamente. 

El IMV deja a una parte importante de la población pobre fueran de su protección. Se estima que no llegará casi ni al 16% de las personas que están en situación de pobreza severa en el conjunto del Estado (es decir, de quienes tienen unos ingresos inferiores a 492.66€/mes). Encontrarse muy excluido supone en muchos casos no cumplir con alguno de los requisitos que se exigen. Por otra parte, quedan fuera muchas personas a las que se le contabilizan ingresos de años anteriores, en vez de la situación actual, pues han entrado en un proceso de de privación.

Ante este cúmulo de dificultades, desde el asociacionismo vecinal y desde el movimiento social que se genera en nuestros barrios, junto con el protagonismo del vecindario que se está viendo afectado, proponemos una serie de actuaciones destinadas a mejorar la gestión, implantación y cobertura del IMV:  

- Que se faciliten todos los recursos necesarios para la tramitación del IMV, de manera rápida y efectiva, incluyendo la atención presencial

- La contestación en el plazo de un mes de los recursos y alegaciones presentados por los beneficiarios del derecho al IMV, reduciendo el plazo de seis meses establecido en el Real Decreto ley 20/2020 del IMV (art. 25, punto 3 de dicha legislación)

- Modificar el apartado 3 del artículo 25 en el que se hace referencia a la norma del silencio negativo convirtiéndolo en un silencio favorable para la persona que solicita dicha prestación

- La puesta en marcha de las solicitudes y contestaciones en procedimiento de lectura fácil para que todas las personas puedan ejercer sus derechos respecto a la administración 

- Reducir el periodo de cómputo de los ingresos obtenidos por la persona que solicita el IMV.

- La puesta en marcha de la Renta Básica de las iguales como derecho para todas las personas comenzando por las que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. 

El gobierno español lanzó el eslogan “a nadie se les va a dejar atrás” sin poner los medios necesarios. La realidad es que no hay una voluntad firme para acabar con la pobreza. A pesar de lo que nos digan, hay suficiente riqueza en el mundo para que todas las personas puedan cubrir las necesidades básicas, lo que ocurre es que está injustamente repartida y no se quiere distribuir.

Virginia Baranda Panadero y Azahara Afán de Rivera González. Trabajadoras sociales de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Antón (Cuenca)