Casi al mismo tiempo que se celebraba Talajara, una marcha cicloturista que reúne a más de tres mil ciclistas desde hace años por la Vía verde de la Jara, se producía una mala noticia. La Mancomunidad, que supuestamente gestionaba lo que se ha convertido en la columna vertebral del escaso turismo rural que llega a esa olvidada comarca toledana, se disuelve. Simplemente está en quiebra técnica. Tiene un agujero de medio millón de euros que en pesetas de siempre son más de ochenta millones a repartir entre los siete ayuntamientos que la componen.

En realidad se entera uno ahora de que en 2015 tuvo que ponerse al frente de la Mancomunidad Balbino Muñoz, alcalde de La Nava de Ricomalillo, con el objetivo de salvar los muebles que quedaban y conducir por la senda más directa lo que era ya entonces una muerte anunciada. Ahora en una reunión de hace unos días los alcaldes de cinco de los siete municipios que la conforman han iniciado los trámites definitivos y no han ahorrado en prosa para definir lo que fue la gestión del anterior presidente, Emilio Gamino, alcalde de El Campillo de la Jara: “Pésima gestión llena de irregularidades, proyectos megalómanos y sin sentido y la opacidad con que el anterior presidente han llevado a la Mancomunidad a una situación insostenible”.

Por lo que cuentan los periódicos detrás de la decisión de los alcaldes de La Nava de Ricomalillo, Calera y Chozas, Aldeanueva de Barbarroya y La Estrella, que fueron los asistentes a la reunión  en la que se decidió iniciar el proceso de liquidación, no parece haber ningúna maniobra partidista. Balbino Muñoz, el presidente, pertenece al PSOE, y Gabriel López-Colina, alcalde de Calera al PP y todos parecen estar de acuerdo en el duro diagnóstico. Tan duro que uno piensa  en cómo después de la sesión los cinco alcaldes no se han ido directamente con todos los papeles al Juzgado de Instrucción, que si no me equivoco, debe seguir en Puente del Arzobispo.

Ahora, los cinco alcaldes asistentes (faltaron los de El Campillo de la Jara y Puerto de San Vicente), se han puesto en manos de la Diputación Provincial de Toledo, para intentar salvar la situación de unos ayuntamientos a los que no les sobra ni un solo euro y que también son conscientes de la necesidad de promocionar y mantener dignamente ese camino de tanto éxito entre ciclistas y viajeros de todo tipo. Además de la Diputación toledana de la que algunos recelan por el parón a que han sometido en la actual legislatura al otro gran recurso que es Vascos, está por medio ADIF y la complejidad legal de un tema como el de una quiebra plena, según dicen, de “irregularidades” “opacidad” y “proyectos megalómanos”. Un panorama que no ayuda, ni mucho menos, a un perro al que desde hace años no le faltan pulgas.

Eso sí, según andan los aires en la cosa pública, yo alcalde de uno de esos pueblos ya me habría ido al Juzgado.