Leo una información elaborada por Marcos Iriarte en El Mundo, según la cual en el año 2025 un cinco por ciento de la población española, perteneciente en su totalidad al mundo rural, no tendrá acceso al dinero en efectivo. En miles de pequeñas localidades no existirá, como ya ocurre hoy en otras muchas, ni oficina bancaria, ni cajero automático, ni oficibus, ni agente financiero, ni agente colaborador que solucione el problema. Buena parte de la población de “homo ruralis” se verá despojado de uno de esos derechos, a veces imperceptibles cuando no se carece de ellos, como es el de usar dinero en efectivo.

Muchos sociólogos y economistas hablan de “brecha y de exclusión financiera” de una población que obligatoriamente se verá sometida a la obligación de renunciar al dinero en efectivo, una forma de ejercer la libertad, nos recuerdan, contra lo que supone el mundo de las tarjetas bancarias en las que la “intervención en las propias decisiones y la privacidad de las personas" se encuentra invadida porque, al fin y al cabo, el que guarda su dinero debajo del ladrillo y siempre paga en efectivo a la vez está protegiendo su derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a no tener que dar a nadie razones de sus hábitos de vida.

En cifras redondas supone la imposición de un modelo de pago, o su negación a tres millones de personas y miles de pequeños negocios, que viven la situación con la angustia del que se tiene que adaptar en el final de su vida a algo que resulta imprescindible en su rutina diaria. Y es que el retroceso en cuanto al número de oficinas bancarias desde el inicio de la crisis en toda España, pero sobre todo en el medio rural, ha sido brutal: el parque de oficinas bancarias se ha reducido en un cuarenta y dos por ciento y sigue disminuyendo a un ritmo negativo del cinco por ciento. En 2017 el tres por ciento de la población española no tenía acceso a cualquier medio financiero en su municipio y el 83 % de ellos eran núcleos de población de menos de quinientos habitantes.

En Castilla-La Mancha, en 2017, quedaban 1.556 oficinas bancarias, con un descenso desde 2008 del 22,8 %. También es verdad que ese retroceso ha sido mucho menor en las entidades regionales, con vocación rural que han mantenido sus oficinas y agentes bancarios por encima de un noventa por ciento. Hay que decir, también, que España es uno de los países europeos con un parque de cajeros automáticos mayor respecto al número de habitantes y a su superficie: 1.118 cajeros por cada millón de habitantes y 102 por cada mil kilómetros cuadrados.

La brecha y la discriminación financiera la marca el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía aplicada cuando nos advierte de que “una sociedad sin acceso al dinero en efectivo es el paradigma de la desigualdad". Desgraciadamente, otra china en el zapato con la que tienen que lidiar los habitantes de nuestros pueblos.