El día 31 de mayo de 2018 se cumplirán 35 años de una aventura que nacía con todas las dudas y miles de reticencias. La verdad, pocos creían en una Comunidad semejante. Cinco provincias, que durante siglos habían sido territorios opacos, se unieron en lo que querían fuera un progreso en compañía. Los débiles de la historia se juntaron para intentar comprobar sí de sus debilidades sumadas podía  surgir un proyecto fuerte. Era una oportunidad. Por voluntad democrática los habitantes de las cinco provincias  decidieron que Castilla-La Mancha -ese era el nombre de las provincias juntas– podía tener un futuro prometedor, mejor unidos que por separado. Sólo tenían que haber desaparecido las Diputaciones para que el proyecto fuera más compacto, pero las decimonónicas estructuras  resistieron por pura inercia conservadora. Las Diputaciones Provinciales habían nacido en el siglo XIX para dotar de organización administrativa a territorios difusos. Se constituyeron provincias y las Diputaciones acogieron su gestión burocrática y encarnaron su unidad simbólica. Las Diputaciones y los Gobiernos Civiles se convirtieron en máquinas fabulosas para crear y engordar el modelo caciquil que se fue imponiendo por conservadores y liberales. Al superponerse una nueva organización territorial, en un sistema democrático europeo, debería haber terminado su función. Sin embargo perviven, como  dinosaurios, a la espera de que el meteorito  de la racionalización administrativa apague su sol y con en ello la existencia de unas instituciones redundantes.

La nueva organización territorial inició su andadura no sin dificultades. Articular proyectos colectivos no suele ser tarea fácil. Diluirse voluntariamente en una entidad mayor genera vértigo, pues hay quienes prefieren ser ratón a cola de león. Aún así, con resistencias diversas y, como toda obra humana con luces y sombras (algunas muy notables y traumáticas), las cosas han evolucionado razonablemente. Los territorios han recorrido estos años a la velocidad  que los acontecimientos nacionales o internacionales han permitido. Solo se produjo un vacío de cuatro años, cuando un Gobierno del PP intentó reducir el proyecto  a un mero simulacro. Duró poco, afortunadamente. Tal vez regiones como esta tendrían que haber realizado mayores esfuerzos. Partían de muy atrás. Nunca se sabrá si hubiera sido posible más velocidad  en la carrera para igualarse a lugares más adelantados. Aunque lo  real es que aquellos territorios difusos se han colocado ante nuevas necesidades y se van haciendo más complejos. Se demandan mayores servicios públicos y mejora continua de ellos. Más inversiones en formación, educación y cultura que agilicen el tránsito de  sociedades  agrarias  a sociedades tecnológicas. Algo como saltar  desde el neolítico al universo de la inteligencia artificial y las maquinas sensitivas. Su población tiene que estar más y mejor cualificada para dejar de ser mano de obra subsidiada, de servicios o barata. La falta de preparación fue su maldición antigua. En el  presente hay que exorcizarla con capacidades, preparación y con el uso productivo de los fondos públicos.

Las Comunidades Autónomas que no se transformen, quedarán como estructuras anquilosadas, colapsadas por burocracias inútiles  y clientelismos orgánicos. Gestionar eficazmente los recursos de los que se dispone es un imperativo ético o moral. Lo mismo que reducir las desigualdades interiores y exteriores. Ahora, eso sí, el patrón de comparación no puede ser, como en ocasiones se pretende, el siglo XX, sino el mundo del siglo XXII. Para no perder ese horizonte es necesaria la evaluación permanente de  las políticas públicas. No discursos de propaganda. Enunciemos una obviedad: las campañas políticas son diametralmente opuestas a la gestión transformadora. Tal vez así, dentro de otros 35 años, aquellos lugares que se apuntaron a una aventura desconocida  no se parezcan  a los de ahora. Es de lo que debiera tratarse.