¿QUIÉN DEBE LIBERAR A “LOS JORDIS”? - Grupo Areópago (20 de octubre de 2017)

Tras el auto del Juzgado Central de Instrucción número tres por el que se acuerda prisión provisional comunicada y sin fianza para los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se han sucedido insistentes peticiones de libertad para ambos, tanto desde la agitación de masas como por parte de algunos representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados —en concreto diputados pertenecientes a los partidos políticos Podemos y  PDeCat—.

Ante la falta de concreción del destinatario de la exigencia de liberación, podría parecer que se trata de un brindis al sol, de un desahogo o de simple postureo político sin mayores consecuencias. Sin embargo, si tomamos esta solicitud en serio y nos preguntamos por los posibles destinatarios de la petición, tendremos que concluir que tan solo puede esperarse que atienda esa solicitud bien la jueza que dictó el auto o bien el presidente del Gobierno.

Imaginemos, entonces, que sea la jueza Carmen Lamela la que dicte un nuevo auto rectificando el anterior en el cual, en lugar de emplear la fórmula habitual de “vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación”, dijese algo así como “vista la petición de las personas que se han manifestado en la calle y los carteles solicitando llibertat exhibidos en el Congreso de los Diputados por Podemos y PDeCat, acuerdo dejar sin efecto la prisión provisional en su día acordada”.

Otra posibilidad sería que el presidente del Gobierno convocase un Consejo de Ministros extraordinario que aprobase con carácter de urgencia un real decreto que estableciese: “Artículo único. Queda sin valor ni efecto la prisión provisional de los señores Sánchez y Cuixart acordada por la señora Jueza del Juzgado Central de Instrucción número tres.”

¿Alguna de estas posibles respuestas sería tranquilizadora para alguien? ¿Realmente quienes demandan llibertat para Sánchez y Cuixart quieren una España en la que los autos judiciales se fundamenten en la presión social o en un real decreto dictado ad hoc por el Gobierno? ¿Cuántos diputados deben pedir la libertad de Luis Bárcenas para que esta sea posible? ¿Cuántos manifestantes deberían ser suficientes para fundamentar la decisión judicial de excarcelar a un violador, un narcotraficante, un terrorista?

Puede que algunas personas de buena fe estén pidiendo esto por ignorancia. Pero que lo pidan representantes de la soberanía nacional, muchos de ellos con sobrada formación en Derecho y en Ciencia Política resulta verdaderamente bochornoso.

GRUPO AREÓPAGO