No es culpa de este gobierno castellano-manchego. Ni seguramente del que estaba cuando se construyeron las viviendas sociales de la calle Laguna de la Colmada de Guadalajara que ayer tuvieron que ser desalojadas por riesgo evidente para sus vecinos, todos ellos inquilinos de alquiler y acogidos a estas casas que se levantaron hace trece años para ayudar a los más necesitados en algo tan básico como es el derecho a una vivienda digna. Aquel gobierno, insistimos, quizá no sea culpable pero hay que convenir en que los más directos responsables pusieron poca atención en vigilar la calidad de las obras.

No es razonable ni admisible que se rebajen las calidades de una construcción cuando las viviendas van destinadas a las capas más humildes y necesitadas. Eso ocurrió con frecuencia en aquellos tiempos del boom inmobiliario en el que las administraciones públicas, que entonces disponían de recursos económicos gracias precisamente a los réditos financieros provenientes del sector de la construcción, multiplicaron la oferta de viviendas sociales para ayudar a quienes no podían adquirirlas en el mercado libre. Fueron muchas las denuncias de irregularidades que se produjeron ya que los acabados poco tenían que ver en ocasiones con los proyectos originales.

Lo ocurrido con las viviendas de Guadalajara ha vuelto a poner el asunto de actualidad y ayer muchos se echaban las manos a la cabeza al ver que en tan solo trece años el deterioro de este edificio es tan grande que ha sido necesario desalojar a las más de cuarenta familias que lo ocupan en régimen de alquiler. Hay grietas en la estructura que cada vez van a más, se desplaza el edificio, caen los azulejos, tiemblan los cimientos, no se cierran las puertas… Algo terrorífico.

Ante esta situación no se trata de enzarzarse en peleas políticas que no llevan a ninguna parte ni de excusar la acción de los gobernantes desviando la atención hacia otros problemas que nada tienen que ver con el asunto. Lo necesario es que se determinen las responsabilidades de la empresa adjudicataria que llevó a cabo las obras y de los servicios técnicos y organismos políticos que aprobaron las certificaciones de pago sin comprobar el estado de la construcción, especialmente los responsables entonces de la empresa pública Gicaman. Eso es lo justo.

El actual gobierno ha reaccionado con rapidez después de que el ayuntamiento de Guadalajara les alertara sobre lo que está ocurriendo, pero se ha percibido un cierto nerviosismo que denota la gravedad del problema y la necesidad que tienen de cerrarlo cuanto antes.