Seguimos con el ruido de la manada

Finalizado para España el mundial de futbol, tras unos días de algarabía y distracción, los aficionados y quienes no lo somos, volvemos a la realidad de cada día, que, como hemos visto en los últimos tiempos, tiene de todo menos rutina. A un mes del inicio del nuevo ciclo político, tras la moción de censura que tumbó al gobierno de Rajoy, tenemos la sensación de que hace más tiempo, sobre todo por la precipitación de acontecimientos de todo tipo. Se podría decir que una noticia de impacto provoca otra y así sucesivamente; no se si me siguen, pero, según la cronología, fue una sentencia, la del caso Gürtel, con la condena al Partido Popular, la que precipitó una moción de censura, que, al triunfar, acabó con un gobierno y llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez, lo que a su vez provocó la dimisión de todos sus cargos de Mariano Rajoy. Hubo una secuela de consecuencias sucesivas, todas con gran repercusión mediática: convocatoria de primarias y congreso, con la confirmación de dos realidades que todos sabían, una la de la abierta enemistad entre Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, y otra la falsedad de la cifra de afiliados del PP. En paralelo, el reingreso del expresidente en su puesto de Registrador de la Propiedad de Santa Pola, lo que, sin duda, no solo es algo inédito en nuestra democracia, el que un presidente o un ministro vuelva al puesto de trabajo que tenía antes de dedicarse a la política, sino que sienta un precedente interesante.

Otra noticia judicial que ha traído ruido ha sido la del ingreso en prisión del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, al confirmar parcialmente el Tribunal Supremo la pena de prisión por los delitos que fueron enjuiciados por la Audiencia de Palma de Mallorca. De los dorados exilios, primero en Washington, después en Ginebra, a un pabellón penitenciario de lujo, pero que, como decía una vieja copla: “la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión”. Y otra moraleja, a pesar de todas las presiones que hubo sobre el juez José Castro, y del vergonzoso papel de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para salvar a la Infanta, y “demostrar” que el saqueo solo lo perpetraba su marido, ha quedado claro que la sociedad no iba a soportar en silencio la impunidad, y lo mismo ha ocurrido en el caso PP-Gürtel.  

Y otra sentencia, la de la pandilla de macarras autollamados “la manada”, sigue dando que hablar, en fechas cercanas a San Fermín, y ahora con un debate añadido, el de la peculiar resolución de la Audiencia de Pamplona, que deja en libertad a unos condenados por agresión sexual, o violación según opinión muy extendida, hasta la casación o no de la sentencia por el Tribunal Supremo. Este caso va a continuar siendo objeto de debates, y, es muy probable que dé paso a modificaciones en el Código Penal, tal y como están demandando muchas voces de la política. A mi entender no se debe de legislar en caliente, o para dar respuesta a un caso concreto, y no porque opine que hay que respetar las sentencias de los tribunales; pues no hay porque hacerlo, otra cosa es el acatamiento y el cumplimiento, sobre todo si es uno parte afectada. Es legítimo discrepar del criterio de los jueces, y criticar sus resoluciones o sentencias si entendemos que no son justas.

No existen respuestas sencillas para problemas complejos, es decir, junto a la reforma legal, si es que es necesaria, debe de afrontarse, de una vez por todas, una profunda modernización y dotación de medios a la Administración de Justicia, que haga posible unos juzgados y tribunales al servicio de la ciudadanía, procedimientos rápidos, con servicios de atención a víctimas, y funcionarios especializados. De igual modo se debe de afrontar que el número de procedimientos que tiene que resolver un juez en España sea el de países como Alemania, y no tres y cuatro veces más. En paralelo, ese organismo inútil que es el Consejo General del Poder Judicial tiene que dedicarse a formar a los jueces en principios y valores, en particular aquellos que tienen que ver con la igualdad de hombres y mujeres, así como contestar de modo razonable a todas las quejas que le llegan acerca del funcionamiento lento y anormal de la justicia, y también del Defensor del Pueblo en el mismo sentido.

El encaje de otro lenguaje y de otra concepción acerca de la carga de la prueba en los casos de violación, requiere también, -volvemos a los medios materiales y humanos- no solo garantizar los derechos de los acusados y evitar en lo posible denuncias falsas sino evitar circos mediáticos y linchamientos, algo difícil en la carrera de las televisiones por ofrecer más y más basura consumible. Se debe de intentar desde las instituciones, y no con aplicaciones de medidas que puedan aparecer como represión de la libertad de expresión, si no con diálogo, del Estado o los poderes autonómicos con las empresas concesionarias, pues a fin de cuentas se trata de concesiones administrativas para la prestación de un servicio público, algo que visto lo acaecido, en este y otros muchos casos, distan  mucho de acercarse, las televisiones generalistas,  a esa mínima obligación.