El trasvase Tajo-Segura o cuarenta años de ignominia

Las elecciones legislativas del 28 de abril, se diga lo que se diga, vinieron a tranquilizar a los mercados, y también a Bruselas, tras unos meses de incertidumbres y de inestabilidad parlamentaria, como consecuencia lógica de un gobierno socialista interino, tras un periodo de tres años de gobierno popular, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, gobernando en minoría y acosado por los tribunales que investigan y enjuician la corrupción.

Una moción de censura vino a desalojar al PP de la Moncloa, pero también dio lugar a un gobierno muy débil, pero fuera hacía más frío; y vinieron después las primarias en el PP, que a su vez entronizaron al hasta entonces joven promesa aznarista, Pablo Casado, con el resultado cosechado el pasado día 28 de abril, y a continuación el 26 de mayo. Vale decir que la victoria de Pedro Sánchez supone una inestimable inyección de europeísmo para las atribuladas instituciones comunitarias, aparte de todas las derivas y consecuencias en el ámbito doméstico. Pero dejemos que los analistas sigan con su trabajo, y puede que alguien nos explique como es posible que, a pesar de todo lo ocurrido, las derechas españolas hayan contabilizado más de once millones de votos en las elecciones legislativas, pues no creo que el efecto Cataluña, por si solo, de para tanto. Por su parte las más recientes, municipales, autonómicas y europeas tienen más difícil digestión, y se ha llegado hasta el límite legal para pactos y componendas, con hartazgo en la ciudadanía, y, muchas ganas de que el verano nos libere y oxigene de tantos meses de campaña electoral. El naufragio de Podemos, así como de miles de confluencias de la izquierda, casi tantas como pueblos, también darán mucho que hablar.

Pero no era de las elecciones de lo que quería escribir, si no del Trasvase Tajo Segura y de su ausencia en los debates políticos y, salvo excepciones, en los programas electorales, lo que no deja de ser una anomalía, y más aún si tenemos en cuenta las cuatro recientes sentencias del Tribunal Supremo al respecto, que dejan tocado todo el armazón jurídico y argumental en el que se sustenta el expolio de nuestras aguas, y obligan a que el río vuelva a tener aguas limpias en su cauce, a su paso por Toledo y Talavera.

Se repite con frecuencia, probablemente desde que existe este país, aquello de que España es diferente. Y no entro hoy en el manido debate acerca del momento fundacional, si es que lo hubo, si bien estoy más cerca, en el buceo de nuestros orígenes, de don Américo Castro que de don Claudio Sánchez Albornoz. Hubo un ministro de la dictadura franquista, fundador años más tarde del Partido Popular, que popularizó un eslogan publicitario: Spain is different, como reclamo de una campaña de fomento del turismo, que fue insertado en carteles, con fotos a todo color de las soleadas playas andaluzas. Aquella promoción fue llevada a cabo, fundamentalmente, por nuestras embajadas en el mundo anglosajón. La Iglesia católica veía aquello con recelo, pues sabían muy bien que la visita masiva de gentes paganas traería otras modas y costumbres, y el bikini. Éramos diferentes, y, aunque el régimen franquista quería que lo siguiéramos siendo, lo cierto es que, para que llegasen aquellas divisas, bien merecía la pena sacrificar algunos de los postulados de la “cruzada de liberación”, con tal de salir de la autarquía y la miseria de la posguerra.

Todo este rollo que precede para constatar que, a pesar de la importancia que tiene en nuestro país el asunto del agua, poco o nada se ha hablado de ello en la campaña para las legislativas, en particular por los partidos de ámbito estatal, y así ha sido también en campañas de las elecciones locales, autonómicas y europeas. Apenas alguna que otra baladronada, para regalar el oído a los consorcios de regantes levantinos y demás tropa de beneficiados, de unas aguas limpias y cristalinas que reciben por designio pretérito de la dictadura franquista, y poco más; nada de las erráticas políticas hidráulicas de los sucesivos gobiernos, ni de la irresistible ruina en la que fue cayendo, desde 1979 para acá, la agricultura toledana y ribereña en general, y tampoco de la incompetencia de las confederaciones hidrográficas. En tiempos en los que, por suerte, nuestra sociedad es cada día más consciente de la necesidad de combatir el cambio climático, y nos escandalizamos al ver reportajes que muestran las toneladas de plástico en nuestros mares, resulta que tenemos unos organismos, las confederaciones hidrográficas, que hacen la vista gorda ante la esquilmación de ríos, arroyos y humedales, por parte de grandes propietarios de fincas, y tampoco hacen nada para evitar que la maleza y la basura haga desaparecer los cauces, canales y pozos.

Ni siquiera los últimos trasvases autorizados por el Ministerio de Transición Ecológica, a propuesta de la Comisión de Explotación del acueducto, y que ha supuesto este pasado mes de mayo, nada menos que el saqueo de 20 hectómetros cúbicos, desde Entrepeñas y Buendía, y otro más idéntico para este mes de junio, han suscitado apenas revuelo. Tras las cuatro sentencias del Tribunal Supremo, algunos, parece que ingenuamente, esperábamos que, si se producían más trasvases, en particular en las actuales condiciones de insalubridad de los apenas arroyos que pasan por Aranjuez, Toledo o el cenagal de Talavera, las autoridades de las comunidades autónomas afectadas presentarían denuncias penales ante los tribunales, por prevaricación o desobediencia, o, algo más sencillo, dimitirían de sus cargos por estas burlas y befas. Todo ha continuado igual, con las mafias del agua en Murcia o Almería felices, pues no han percibido voluntad política alguna de cumplir la Ley, ahora traducida en sentencias ejecutorias.

Ya lo conoce el lector; con escasa diferencia de tiempo, nada menos que cuatro sentencias, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, han venido a dar la razón a los colectivos ciudadanos, los mismos que vienen demandando el final de un expolio económico y medioambiental, perpetrado a lo largo de cuarenta años por los sucesivos gobiernos de la nación, en beneficio de unas nuevas oligarquías y mafias, que han hecho del agua un rentabilísimo negocio, y que pueden vender limpia a precio económico, a explotaciones agrícolas, sean o no sostenibles, en tierras desérticas, o a urbanizaciones con sus campos de golf incorporados. Las sentencias tienen una gran calidad jurídica y están a la altura de los recursos presentados, es decir, los magistrados han entrado en el fondo del asunto, y han manejado criterios emanados de la doctrina medioambiental que se ha ido consolidando en la Unión Europea a lo largo de las dos últimas décadas. Se viene a decir, en estos sólidos documentos, que tienen carácter vinculante y ejecutorio, que lo prioritario es el mantenimiento de cauces ecológicos y no unos trasvases, que siempre se argumentó que solo sería de aguas excedentarias.

Se cumplen, en este incierto 2019, cuarenta años de humillación y mierda para los toledanos, tras ponerse en marcha el faraónico trasvase Tajo-Segura, y que ha supuesto la ruina de muchos pueblos y ciudades, además de tener que convivir a la puerta de nuestras casas con aguas putrefactas en un río, que ya no puede denominarse tal sin provocar sarcasmo. Como las cosas tienen principio, se puede decir que esta pesadilla tuvo su inicio en el lejano mes de enero de 1967, con Federico Silva Muñoz, ministro tecnócrata de Obras Públicas, como oficiante de un discurso en Murcia, en el que prometió, a bombo y platillo, agua en abundancia del río Tajo para todos los agricultores de esa región, y también para las provincias limítrofes de Alicante y Almería. A partir de ahí se produjo una fuerte contestación al proyecto, por parte de las provincias agraviadas, y en particular desde la capital toledana, que se convirtió en el centro neurálgico de las protestas. Ni siquiera las apelaciones al patriotismo consiguieron acallar las voces que denunciaban el proyectado expolio. A pesar de la ausencia de libertades y de toda la propaganda del régimen, no pudieron acallarse las voces que desde todos los sectores se alzaron contra la barbarie del expolio. El protagonismo de las protestas correspondió a los sindicatos verticales toledanos, a través de su Consejo Económico Sindical Provincial, que emitió documentos e informes que, aún hoy, llaman la atención por la dureza con la que se pronunciaron, a pesar de las restricciones de información y la censura gubernamental.

El ministro se vio obligado a viajar a Toledo y a remachar que era antipatriótico oponerse a los designios del Caudillo y que, como compensación, se iban a acometer grandes proyectos en beneficio de los toledanos, como iba a ser la depuración de las aguas residuales de Madrid, y la construcción de obras de riego bastante atractivas. De inmediato se le argumentó que todo eso no eran contrapartidas sino necesidades ya evidentes, a las que tenía que hacer frente el Estado. Por otra parte, el régimen tenía difícil colocar etiquetas de antipatriotas a quienes se oponían al Trasvase, pues muchos de ellos tenían un abultado historial de inquebrantable adhesión al franquismo, incluso acreditado en los frentes de combate.

No convenció a nadie el ministro y, para evitar más polémicas, se ordenó a todos los ingenieros de la especialidad, por entonces sujetos a la autoridad del ministro, fueran o no funcionarios, que no participasen en actividad alguna relacionada con el proyecto sin la supervisión ministerial; es decir, se impedía que los afectados pudieran tener informes técnicos que cuestionasen las “bondades” de las que hablaba el gobierno. El periodo de información pública, de un mes, se anunció en la prensa, pero sin apenas posibilidad de consulta de documentos, ni la memoria económica, asunto sobre que hasta el día de hoy existe una losa de silencio, por las implicaciones alemanas en todo este aspecto, mediante préstamos a alto interés. Si repasamos la prensa de entonces encontraremos reflejo de la oposición que hubo, pero sin posibilidad de réplica a la abundante propaganda del régimen, apenas información de los costes millonarios que supuso para las arcas del Estado la faraónica obra, que, para mayor escarnio, se enmarcaba en un eufemismo inventado por el ministro antes citado, y que era “Aprovechamiento hidráulico conjunto del Tajo y el Segura”.

Ante la práctica unanimidad de las fuerzas vivas toledanas contra el Trasvase proyectado, el gobernador civil de entonces, Enrique Thomás de Carranza, otro cofundador de Alianza Popular años después, llegó a decir que: “A los que por ignorancia o demagogia o simplemente por puros personalismos, o respondiendo sabe Dios a que influencias y asesoramientos, están de antemano y sistemáticamente contra esta obra del aprovechamiento conjunto del Tajo, yo les preguntaría si son capaces de asumir la responsabilidad moral de preferir los excedentes hidráulicos sin utilidad actual para nadie, como hasta ahora, a grandes planes de regadío y todos los beneficios que solicitamos tan justa y fundadamente para esta provincia, aunque disminuya el caudal del río.” La anterior cita procede de un acta oficial, por lo que puede que en la transcripción se suavizase algo la agresividad del gobernador contra quienes no cedieron un ápice en sus planteamientos.

Los opositores al Trasvase Tajo-Segura contaron con una inestimable ayuda desde el primer momento, y de gran solvencia técnica, y que fue la que les llegaba desde el otro lado del Atlántico, la del ingeniero toledano Manuel Diaz-Marta, exiliado en México y consultor de la ONU en políticas hidráulicas. Este ingeniero, diputado en las Cortes de 1977, a su vuelta del exilio, había trabajado en las obras de canalización de aguas en Extremadura en los años treinta y conocía a fondo los planes hidráulicos de la Segunda República, retomados en parte por el gobierno franquista en los años cincuenta. Además había estudiado bien las posibilidades de las desaladoras en otros países, así como las posibilidades de las reservas hidráulicas del subsuelo murciano.

Salvando las diferencias políticas, y en un ejercicio de gran patriotismo, viejos amigos de juventud, como era el caso de José Conde, médico toledano, que fue alcalde en la posguerra, y el citado Díaz-Marta, trabajaron a distancia, conformando un equipo muy solido de oposición al expolio del río Tajo. El aparato represivo del régimen interceptó pronto las comunicaciones y arremetió de forma virulenta, no contra los informes que elaboró el ingeniero exiliado, que eran irrebatibles, sino contra quienes los recibían. Aún recuerdan algunos en Toledo la perdida de papeles del gobernador civil en un acto público, en abril de 1968, al ver como los ingenieros Martín Mendiluce y Pliego, enviados por el ministro de Obras Públicas a Toledo para convencer de las “bondades” del Trasvase, eran rebatidos por varios opositores toledanos, con gran solvencia de argumentos. Con soberbia y desatino Thomas de Carranza sacó a colación el origen de los informes, y trató de argumentar que las cifras y datos no podían ser acertadas, por la personalidad del ingeniero Díaz-Marta: “Por permanecer en el exilio, donde nada se olvida y nada se aprende”.

A pesar de la fuerte oposición, el faraónico proyecto se llevó a cabo y se finalizó ya en democracia, a comienzos de 1979, con la UCD e Adolfo Suárez en el gobierno y con Joaquín Garrigues Walker de ministro de Obras Públicas, a quien tocó el poco honroso papel de abrir el grifo del expolio de nuestras aguas. También viajó a Toledo, a intentar convencer de las “bondades” del asunto, y vuelta al interés general y las fabulosas obras y compensaciones que la provincia de Toledo iba a recibir a cambio. Había pasado una década, nada de lo prometido por el franquismo se había cumplido, es decir ni depuración de las infectas aguas de Madrid ni proyectos de regadío, ni industrias, ni nada nada de nada. Los toledanos volvieron a oponerse, con manifestaciones, incluso con una performance extraordinaria en Zocodover, obra del genial pintor suizo afincado en Toledo, Aroldo. Eran ya otros tiempos, con libertades, pero con idéntico resultado. Estamos en 2019, y han pasado 40 años, de ignominia y de agravios territoriales, solo que ahora contamos con cuatro sentencias que hay que hacer cumplir.

Lo anterior merece la penar traerlo al recuerdo, para situar las cosas en perspectiva, y saber de dónde venimos, así como la responsabilidad de administraciones y partidos en todos estos años. También quería rendir homenaje, precisamente en este 80 aniversario del exilio, a uno de los toledanos más ilustres del siglo XX, Manuel Díaz-Marta, ingeniero, laico y socialista, y que sirvió de inspiración para uno de los personajes de la novela de Félix Urabayen"Don Amor volvió a Toledo". Con nostalgia, pero con firmeza, por la fuerza de la razón que nos ampara, hay que preguntarse si el río Tajo volverá a Toledo.