El Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a diez comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, en las que ha detectado una desviación de la regla de gasto y a las que reclama ajustes adicionales para cerrar el año 2017 dentro del objetivo marcado por el Ejecutivo del 2,1 por ciento. En la carta enviada a los interventores el ministerio de Cristobal Montoro avisan de la posibilidad de tomar medidas adicionales que podrían significar un control aún más directo de las cuentas de las comunidades incumplidoras, sobre todo de aquellas a las que consideran díscolas, a las que se les aplicarían medidas "preventivas, correctivas y coercitivas". Hacienda alerta de que del análisis de los datos de ejecución presupuestaria y del gasto computable a estas comunidades se ha apreciado una evolución que "podría poner en un posible riesgo" el cumplimiento de la regla de gasto.

Hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aborde el nuevo sistema de financiación autonómica y llegue a un acuerdo para dar salida a esta cuestión sobre la que pivota el funcionamiento del estado de las autonomías, las regiones aludidas, entre ellas la nuestra, deberán tomar medidas estrictas y eficaces para no llegar al extremo de ser prácticamente intervenidas por el gobierno central, presionado a su vez por Europa para que no se superen los índices de gasto público y endeudamiento más allá de lo permitido. Castilla-La Mancha ha hecho un titánico esfuerzo estos últimos años para reducir el gigantesco déficit heredado de los gobiernos previos a la crisis. Sin embargo no ha sido suficiente ni parece que vaya a serlo en el futuro próximo, y menos aún estando a las puertas de un año electoral y con un Ejecutivo de coalición en el que uno de los partidos "asociados" se empeña en proponer medidas que sistemáticamente suponen aumentar el gasto y nunca el ingreso o el ahorro. El estado del bienestar solo podrá mantenerse con medidas sostenibles y el déficit y el endeudamiento juegan totalmente en su contra.