El conflicto comercial dentro del sector de las gasolineras en España se ha convertido en una implacable batalla que aumenta conforme se abren en España nuevas estaciones “low cost” o desatendidas. Un compartimento económico cada vez más fragmentado entre sus tres grandes protagonistas: las abanderas por las grandes petroleras (más del 50% del parque nacional), de las grandes superficies (25%), y las estaciones blancas sin marca, no asociadas a las grandes petroleras, o cooperativas (18%).

Durante esta semana, empresarios de estaciones de servicio de Castilla-La Mancha, sindicatos, representante de los consumidores, y personas con discapacidad reunidos en Toledo han anunciado su intención de solicitar a todos los grupos parlamentarios una modificación del Estatuto del Consumidor, siguiendo los pasos de Castilla y León, para aumentar las sanciones a todas aquellas estaciones de servicios  que no cuentan al menos con un operario para su funcionamiento, una obligación en el caso de Castilla-La Mancha y algunas otras comunidades. Una normativa que también afectaría a las sociedades cooperativas que vienen funcionando con surtidores automáticos, y que Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-la Mancha ya han reclamado poder seguir haciéndolo por el beneficio económico que supone para sus socios. En Castilla-La Mancha, según CCOO, existen actualmente 117 unidades desatendidas que, en opinión del sindicato, han supuesto la pérdida de decenas de puestos de trabajo.

El modelo de negocio de las gasolineras “low cost” lleva algún tiempo funcionando con éxito en España, aunque todavía es insignificante dentro de un parque de estaciones que supera los 11.000 establecimientos, incluidos los ubicados en las cooperativas y ligados a supermercados y grandes superficies. Un fenómeno que en otros territorios de nuestro entorno está mucho más extendido y que convive en perfecta armonía con las estaciones de servicio de toda la vida en países como Dinamarca, Finlandia, Suecia o Suiza donde ya alcanza el 50 por ciento de cuota de mercado, o del 20 por ciento en Francia o Bélgica. A la trifulca también se ha unido la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) favorable a este tipo de estaciones y en contra de las trabas que algunas comunidades autónomas están poniendo para su desarrollo. 

Las gasolineras en España están protagonizando la mayor revolución del sector desde que en 1993 se disolvió el monopolio de CAMPSA. Hoy en sus instalaciones se pueden adquirir multitud de productos, extracción de dinero en cajeros automáticos, y muy pronto serán paradas para el sistema BlaBlaCar, y puntos de recogida de paquetes de comercio electrónico. Un proceso de transformación que el sector está desarrollando para adaptarse a las nuevas demandas de los clientes y nuevas formas de consumir.

Como las gasolineras low cost, un nuevo, seguro, y provechoso modelo de negocio que se extiende imparable en todos los países comunitarios. Un sistema al que no pueden poner freno comunidades autónomas o asociaciones vinculadas a las gasolineras tradicionales que ahora, viendo peligrar sus intereses, utilizan el reclamo de la destrucción de empleo como único argumento. Un señuelo a cuyo rebufo parecen sumarse con entusiasmo partidos y sindicatos, pasando por alto los beneficios que las low cost suponen para el consumidor. Una situación que ha obligado a estos establecimientos a recurrir a Bruselas con los argumentos a su favor descritos en el informe de la CNMC.  Una conversión en la que gasolineras automáticas, tradicionales, híper, y cooperativas en lugar de intentar sobrevivir más, deberían preguntarse como pueden convivir mejor. La Comisión Europea tendrá ahora que decidir.