El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de convocar mil plazas de empleo público para el Sescam, además de otros anuncios menores de contrataciones supeditadas a la aprobación de los tan disputados Presupuestos autonómicos de este año. Una oferta realizada tras un largo periodo de tiempo donde el número de empleados de la Administración autonómica ha permanecido estable, incluso con un ligero descenso del 0,1 por ciento durante el periodo 2007/2017. En estos diez años, el número de funcionarios autonómicos en Castilla-La Mancha se ha estancado en torno a los 66.000, según el último boletín estadístico sobre el funcionariado elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Un sostenimiento de la nomina autonómica que contrasta con territorios que en la última década han experimentado aumentos desmesurados en su plantilla de empleados: cerca del 30 por ciento en Navarra, 26,30 por ciento en Baleares, y del 14,18 por ciento en Aragón. No son las únicas, un total de 13 comunidades autónomas han sumado funcionarios a sus organismos aunque también, como Castilla-La Mancha, otras han perdido fuerza laboral durante el mismo periodo.

El empeño de algunas Administraciones autonómicas de seguir engordando sus plantillas en los últimos años resulta un contrasentido en medio de la severa crisis por la que ha atravesado este país. Una querencia bastante habitual entre dirigentes políticos ávidos de crear  mastodónticos aparatos burocráticos, fruto de una descontrolada política de contrataciones a beneficio de inventario electoral, con la consiguiente factura multimillonaria a cargo del contribuyente. Mientras, tan dramática situación llevaba a la empresa privada a un drástico proceso de destrucción de sociedades y empleo sin precedentes durante el mismo periodo.

No obstante a esta política de contención ejercida por los diferentes gobiernos de Castilla-La Mancha a la hora de configurar su plantilla durante los últimos diez años, todavía la región figura con uno de los mayores porcentajes de trabajadores públicos sobre el total de asalariados en la región, un 15,33 por ciento, el 1,7 por ciento por encima de la media nacional, aunque todavía por debajo de Extremadura, donde casi uno de cada cuatro trabajadores está al servicio de alguna Administración pública. Unos porcentajes que deben adecuarse con determinación y dialogo a los nuevos modelos organizativos y a una revolución tecnológica en permanente desarrollo. La Administración no puede seguir enfrentándose a los desafíos de este siglo con hábitos obsoletos propios del siglo XX, y a una situación estructural estancada por determinados arrestos de carácter político, corporativo y sindical.