¿Reformar o suprimir?

El presidente de la Diputación de Toledo y recién reelegido secretario provincial del PSOE, Álvaro Gutiérrez, asegura en una entrevista con la delegada de la agencia EFE en Castilla-La Mancha, Cristina Serena, que su gobierno ha devuelto el prestigio a la institución provincial, frente a la labor de su predecesor en el cargo, Arturo García-Tizón. Incluso, el mandatario asegura entender a todos aquellos ciudadanos que ponían en duda la utilidad de las diputaciones y que apostaban por su disolución.  Naturalmente, Gutiérrez tan sólo sostiene esta reflexión cuando el gobierno de este organismo se encuentra en manos del Partido Popular. Inmediatamente después, cuando el PSOE retoma el poder, la Diputación de Toledo cobra sorprendentemente sentido y se convierte en un organismo imprescindible, útil, y con un marcado acento social, cercano, eficaz y transparente. Unos cualidades puestas en valor especialmente -faltaría más- durante su mandato en la actual Legislatura.

Bajo el gobierno de diferentes fuerzas políticas,  los servicios que vienen prestando las diputaciones en España apenas ocupan una quinta prioridad en unas instituciones que son en general ineficaces, escasamente transparentes, poco democráticas, y cuyo principal objetivo es proporcionar bienestar a su propia estructura. De hecho, es la principal partida de gasto de las diputaciones, junto a los sueldos de sus diputados y funcionarios, muchos de ellos designados a dedo o fruto del nepotismo, según un estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? titulado Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario.

La eliminación o reforma de las diputaciones, una idea incomoda para el establishment, ha entrado a formar parte del debate político en los últimos años. Una controversia que pretende racionalizar una estructura administrativa demasiado costosa, y que tan sólo en el año 2015 manejó un presupuesto global de 6.300 millones de euros entre todas ellas. 38 diputaciones analizadas que han generado además 50 organismos autónomos-administrativos, 19 organismos autónomos, 45 sociedades mercantiles, participación en 228 consorcios, y en 714 mancomunidades.

Una discusión que divide a las distintas formaciones políticas, con un PP que rechaza de plano su supresión y un PSOE, fragmentado internamente por esta cuestión, que no sabe realmente la postura a tomar. Enfrente, las nuevas fuerzas -Ciudadanos y Podemos- que apuestan claramente por la eliminación o reforma absoluta de unas estructuras sobrecargadas con personal de origen político, sin fiscalización interna alguna, autonomía para financiarse, y competencias propias claras.

Organismos que todavía se manejan bajo criterios presidenciales heredados del siglo XX cuando el presidente de la diputación era el “Jefe Político de la Provincia”. Una versión actualizada que se corresponde perfectamente con los dos últimos presidentes de la Corporación toledana, ambos secretarios provinciales de sus respectivas formaciones. Una puerta que también favorece la aparición de redes clientelares que propician claros y numerosos casos de nepotismo, despilfarro y corrupción. Unos sucesos donde la Diputación de Toledo no ha sido ajena tanto con el PP como el PSOE en su gobierno.