Según el escrito de acusación presentado esta semana en la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal considera a Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y Miguel Bernad,  el visionario picapleitos del denominado sindicato Manos Limpias, como máximos responsables de ambas plataformas. Un entarimado que utilizaban presuntamente como herramientas de extorsión a bancos, cajas, empresarios y personalidades para lucrarse personalmente. Un holding de catorce empresas y una facturación de más de diez millones de euros al año que actuaba con total impunidad bajo el paraguas de un sindicato sin afiliados, y una organización de consumidores expulsada del registro oficial de asociaciones.

Para los acusados en la causa, un total de once, el Ministerio Público solicita penas de cárcel de más de 150 años (118 sólo para Pineda) y multas por importe de 10,3 millones de euros por delitos de estafa, blanqueo de capitales, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. Una trama para la que se servían principalmente del soporte de las revistas de Ausbanc, publicaciones convertidas en receptáculos hinchados de publicidad gracias al cual Pineda acicalaba los dineros de la extorsión y hasta podía justificarlos fiscalmente. Un procedimiento que incluía también supuestamente la organización de despreciables Foros de Justicia frecuentados previo pago por magistrados y fiscales de las más altas instituciones.

Unas prácticas mafiosas que, según la Fiscalía podrían haber afectado, entre otros, a BBVA, Santander, Caja Madrid, Unicaja, Caja Vital, Cajasur o sociedades como Telefónica, Gas Natural Fenosa, Volkswagen, e incluso a la Casa Real. También a Caja Castilla La Mancha y Liberbank. CCM, como otras cajas rescatadas que finalmente han desaparecido o absorbidas, era en aquella época presa fácil para estos bandoleros  de guante blanco por la grave situación por la que ya atravesaba en esos momentos la entidad.

Directivos de cajas que cedieron a la extorsión por miedo a las consecuencias de las amenazas de Pineda -saqueador con comportamiento de cobrador del frac que “atracó” presuntamente sin apenas resistencia bancos, cajas, medios de comunicación, e instituciones públicas-  bien porque podían intoxicar una buena reputación o, como en el caso de CCM, porque manejaban información sensible y hasta verosímil sobre la verdadera situación de la caja castellano-manchega. Una situación, no obstante, que podía no haber prosperado sin la colaboración de los extorsionados que, en lugar de denunciar los hechos, prefirieron pagar el impuesto revolucionario. Y lo hicieron porque escondían motivos suficientes para plegarse a la práctica del fari vagnari (tarifa mafiosa) de los capos sicilianos. 

Un modus operandi que Pineda  practicaba con pulcritud de Cosa Nostra a cambio de displicencia para la entidad y sus dirigentes. Un método con las consecuencias de sobra conocidas: cárcel para el extorsionador, caja de ahorro liquidada, y condena de presidio y multa por falsedad contable para sus dos máximos responsables.