Aún cuando la concentración bancaria en algunas provincias españolas es cerca del doble del límite por el que el Banco Central Europeo considera un mercado bancario altamente concentrado -España cuenta con una oficina por cada 1.613 habitantes frente a los 1.278 de la Eurozona-, un informe del catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos, señala que el 2,4 por ciento de la población española no puede acceder físicamente a los servicios financieros de una oficina bancaria en su lugar de residencia. Un porcentaje que en el caso de Extremadura se eleva hasta el 4,5 por ciento, especialmente en la provincia de Cáceres donde la exclusión alcanza al 7,6 por ciento de la población y al 41 por ciento de sus municipios.

La situación ha llegado a tal magnitud en la comunidad de Extremadura -también en la andaluza donde el Defensor del Pueblo está preparando encuentros con 13 entidades financieras para solventar la exclusión bancaria que afecta a buena parte de la región-  que la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha exigido a Liberbank que dé marcha atrás en su decisión de cerrar sus servicios de oficinas en 33 localidades cacereñas, o “sufrirá las consecuencias” en cuento a su colaboración con la institución provincial. Una advertencia a la que se han sumado igualmente todos los alcaldes y vecinos de los pueblos afectados. Todos ellos, sin excepción, se oponen al cierre de estas oficinas so pena de dejar de ser clientes.

En Castilla-La Mancha, según el mismo informe, la exclusión financiera afecta al 3,2 por ciento y 430 de sus 919 municipios carecen de sucursal bancaria. Una situación aún no concluida y propiciada principalmente por la desaparición de las antiguas oficinas de CCM, y en menor medida de otros bancos,  salvada en parte gracias a los 104 canales alternativos puestos a disposición de estos núcleos de población por una entidad de referencia de la región. Una exclusión, reclamada en algunos casos por los afectados, que en absoluto ha merecido la atención y colaboración de las diferentes instituciones públicas de Castilla-La Mancha, como ha sucedido en Extremadura y Andalucía. Unos organismos que incluso siguen apoyando con sus recursos y movimientos a unos bancos en retirada que tan solo contemplan su exclusivo interés financiero, y carecen de compromiso social alguno con el territorio donde hasta ahora se encontraban.