La sanidad privada en España, a través de unos diez grupos hospitalarios, cuenta actualmente en todo el país con una extensa red de hospitales, residencias, clínicas, centros médicos, hospitales de día y otros de atención a personas con discapacidad intelectual. Una completa infraestructura en la que atienden cada año a más de 11 millones de pacientes, que les permitieron en 2016 facturar cerca de 5.000 millones de euros, un 16 por ciento más que en el ejercicio precedente. Compañías como Adeslas, Asisa, DKV, Sanitas o Mapfre son los principales clientes que se reparten este negocio a través de los beneficiarios de las pólizas que tienen suscritas con todas estas firmas.

Uno de los mejores clientes de todas ellas son los funcionarios del Estado agrupados en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), y Mutualidad General Judicial (MUGEJU). En este caso, a través principalmente de compañías como Adeslas, Asisa, DKV que se adjudicaron el pasado año el concurso público convocado al efecto por valor de 2.191 millones de euros, un 5,6 por ciento más que el ejercicio anterior. Una convocatoria donde Sanitas y Mapfre declinaron concursar, a pesar de haber participado años atrás, por no ajustarse a sus criterios de rentabilidad. Los empleados públicos, que pueden elegir la cobertura de asistencia sanitaria a través de una aseguradora o de la sanidad pública, se decantaron mayoritariamente por estas compañías privadas, por apenas un 18 por ciento del total por la sanidad pública en todo el país.

No obstante a esta abismal diferencia a favor de la sanidad privada, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue contribuyendo a incrementar su negocio. El Servicio de Salud de Castilla-la Mancha acaba de suscribir un convenio con MUFACE, ISFAS, y MUGEJU para que sus mutualistas y beneficiarios adscritos a cualquiera de estas compañías puedan ser atendidos también por el SESCAM en todos aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, incluidos los desplazados circunstancialmente de otros territorios.

No cabe duda de que en Castilla-La Mancha su Servicio de Salud, por su denostada gestión, es el primer propagandista y promotor de la sanidad privada en esta tierra a la que no cesa de remitir y desviar clientela. Con este convenio, el SESCAM se apunta un nuevo tanto para descapitalizar aún más nuestra sanidad pública, prestando a la privada sus profesionales, servicios e instalaciones allá donde no pueda llegar.