Araújo también reniega de CCM

Con la participación esta misma semana en el Congreso de los Diputados de la exvicepresidenta y exconsejera de Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, concluye la relación de comparecientes citados por la Comisión que investiga la crisis financiera en España y que supuso, entre otras, la liquidación de Caja Castilla La Mancha. Un desfile inútil que tan sólo ha servido para certificar la defunción de la que fue entidad de referencia en la región, y que dio origen al mayor fiasco financiero en esta tierra. Una metástasis que posteriormente se extendió a la mayoría de cajas de ahorro de este país.

En contra de lo que la dirigente socialista manifestó en la Comisión parlamentaria, CCM fue hasta su intervención protagonista de una de las manifestaciones más evidentes del enorme peso que la política, entendida en un sentido peyorativo, tuvo en la entidad hasta su intervención por el Banco de España. Un escenario que condicionó su futuro de manera irremediable y donde los partidos políticos jugaban, a pesar de los que ahora nos quiera hacer creer la exvicepresidenta, un papel decisivo en la medida en que controlaban a las cajas. Una ocupación que posibilitaba  colocar en su consejo de administración a una clientela política sin capacidad técnica alguna, tanto del PSOE como del PP, y que deterioraron de forma inequívoca la calidad en la gestión de la entidad.

Caja Castilla La Mancha, tras la fusión en 1992 de las cajas de ahorro de Toledo, Albacete, y Cuenca y Ciudad Real, fue una de las entidades al servicio de los castellano-manchegos más eficientes del sector. Fuerte y solvente hasta que se adentró en una senda de crecimiento desmesurado a la sombra de la burbuja inmobiliaria y las directrices de un consejo politizado sumamente incapaz. Un periodo, forjado en la economía española en los últimos años noventa y principios del siglo actual, que abrió las compuertas de un despilfarro de créditos y préstamos clientelares al amparo del mercado del ladrillo. Una política desmedida de créditos hipotecarios a particulares sin recursos ni garantías suficientes, y unas inversiones inmobiliarias y préstamos a grandes empresas -concentrados especialmente en dos grupos económicos bien conocidos por el Gobierno socialista de José María Barreda- que se tornaron incobrables cuando la economía empezó su travesía recesiva.

Una burbuja inmobiliaria cuya explosión, dentro de un marco de gobernanza claramente deficiente, se llevó por delante a Caja Castilla La Mancha con el consiguiente perjuicio para empleados y clientes. Una crisis que ahora la exvicepresidenta Araújo -como hizo igualmente hace algunas semanas la “reina madre” de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó- se limita a responder a la Comisión investigadora con una lección magistral de echar la culpa a todo el mundo menos, naturalmente, a sí misma y al Gobierno del que ella era vicepresidenta cuando en marzo de 2009 Caja Castilla La Mancha fue intervenida.