Es el de los políticos, si hacemos caso al barómetro del CIS, uno de los principales problemas para los españoles por encima incluso de los económicos. Tamaña preocupación, con idénticos protagonistas, se extiende igualmente por las universidades, con expedición de títulos sospechosos, exprés, o inexistentes; tribunales, con casos de estafa, prevaricación, financiación ilegal, cohecho, blanqueo de capitales… y ahora también en supermercados y centros comerciales. Un deterioro institucional y de la vida interna de algunos partidos que erosiona cada vez más la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Una lista interminable de políticos, también de partidos, con Cristina Cifuentes como penúltima protagonista en este lamentable e interminable desfile de granujas.

La corrupción política en España no está en el ADN cultural, siquiera en los partidos, se encuentra en el ADN institucional, cuando la mayoría de las formaciones acceden al poder y los escándalos de corrupción acaban enfangándolas. Un proceso que se da con tanta frecuencia en este país -cuando cambia un consejero o ministro puede hacerlo incluso hasta el mismísimo bedel- que tan siquiera se procura emparentar sus carreras profesionales, o las que los titulares aseguran tener en sus currículos incluso con añagazas, con los cargos a desempeñar. Se puede dar el caso en la Administración de que la mayor experiencia  que exhibe un director de la DGT para acceder al puesto haya sido el de haberse sacado el carnet de conducir. También, el que un secretario general de Ganadería presente como credenciales profesionales las de sacar el perro a pasear los domingos; o de Cultura, cuyo mayor acercamiento con la materia encomendada haya sido la de coleccionar los tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín.

La gran mayoría de los políticos en este país acceden a cualquier cargo gracias a la amistad con su jefe. Un enorme equipo de palmeros y mandilones que sirven a golpe de argumentario, que compiten por estar más cerca del que manda, y también del que confecciona las listas electorales. Una mala reputación que se renueva constantemente, gracias a un gran ejército de políticos profesionales que controlan las instituciones con un sentido escasamente critico frente al líder máximo de cada organización. Un proceso, en definitiva, para asegurarse una larga y remunerada vida política a falta de cualquier otro empleo, es decir, la calle para correr. Un sistema perverso que convierte a la Administración Pública en depositaria de los favores privados que hacen las distintas formaciones cuando acceden al gobierno. Toda una injerencia política sin precedentes y un déficit muy grave para un país que sus ciudadanos siguen opinando que los políticos que les gobiernan no formen parte de la solución sino del problema.