García-Page y los 5.000 puestos de trabajo

Es harto frecuente entre nuestros políticos subrayar en sus discursos los puestos de trabajo creados en cualquier nuevo proyecto. Un anuncio normalmente inflado y de difícil constatación y refrendo al término de su realización, si es que se ejecuta finalmente. Unas predicciones fallidas de las que esta tierra tiene varios y clamorosos ejemplos. Una continua y machacona creación de empleo por parte los diferentes miembros de la Administración que, paradójicamente, sigue sin tener reflejo alguno en la tasa de desempleo de Castilla-La Mancha. Según el último Termómetro Económico elaborado por la Cátedra de Innovación y Desarrollo Cooperativo y Empresarial de la Fundación Eurocaja Rural y la Universidad de Castilla-La Mancha, la tasa de paro en la región al termino del pasado mes de junio era del 19,1 por ciento, casi cuatro puntos todavía por encima de la media nacional, y con un déficit galopante solo superado por Extremadura.

Dentro de este binomio proyectos/puestos de trabajo creados, el pasado mes de junio el presidente de esta Comunidad, Emiliano García-Page, anunciaba grandilocuente y sin acuerdo alguno para ello nada menos que la creación de 5.000 puestos de trabajo en la región con la puesta en marcha del Plan EDAR de Castilla-La Mancha. El mandatario socialista se mostraba convencido de que el plan proporcionaría “movimiento económico y riqueza” a esta tierra. La opulencia anunciada para la región tendrá que seguir esperando. Meses más tarde de este anuncio, el plan de infraestructuras basado en mecanismos de financiación privada que lo iba a hacer posible sigue paralizado. El bloqueo es motivado por la resistencia del Ministerio de Hacienda a modificar el desarrollo reglamentario de la Ley de Desindexación de la Economía. Un reajuste que aleja al inversor privado al reducir a mínimos la rentabilidad de los contratos de concesión a largo plazo.

El Plan de Depuración de Castilla-La Mancha contempla inversiones por valor de 600 millones de euros hasta el año 2022 distribuidos en diez lotes. Sin embargo, si Hacienda no cambia esta ley resultará imposible emitir planes de inversión pública basados en contratos de concesión. Un problema que tiene su origen en el Gobierno de Mariano Rajoy y que persiste aún con el de Sánchez. Es de esperar que con la misma diligencia y retórica que el presidente de esta región anunció en Mocejón la creación de miles de puestos de trabajo para Castilla-La Mancha, exija al gobierno central variar las leyes que impiden estas inversiones . Los ciudadanos de la región están hartos de escuchar de sus representantes públicos cantos de sirena anunciando puestos de trabajo a espuertas, como este caso de las depuradoras, y seguir decepcionados y con una de las tasas más altas de desempleo en España.