El Pasante

La "caña de España" no se tira en Castilla-La Mancha

20 abril, 2021 00:00

Las próximas elecciones autonómicas en Madrid parecen haber revolucionado la carta de los menús de algunos bares y restaurantes de la Comunidad. Una alteración que no ha sido fruto de una posible visita a estos establecimientos de algún inspector de guía gastronómica. La candidata del PP a estos comicios, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la causante de semejante agitación gastronómica, dando nombre a diferentes platos de sus menús. La “ayusomanía” se extiende por estas cocinas como el aceite que utilizan en sus condimentos, y así podemos leer en las cartas de tantos bares y restaurantes, también en lugares bien visibles de sus locales, propuestas gastronómicas como “patatas a lo Ayuso”, pizzas ”Madonna Ayuso” en la cadena Pizzart, “papas a la Ayuso”, “huevos a lo Ayuso”, y hasta cervezas “la caña de España”, elaboradas por una firma madrileña.

Donde el sector no exhibe tamaña euforia con sus gobernantes es en Castilla-La Mancha. Aunque la región no se encuentra como Madrid en periodo electoral, a los profesionales y empresarios de la hostelería no les han gustado, por ”inaceptables” e “inadmisibles”, las manifestaciones del vicepresidente del Gobierno Autonómico, José Luis Martínez Guijarro, criminalizando a la “hostelería como causante de los elevados índices de contagio existentes en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha”. Otra cortina de humo para algunos al pretender responsabilizar a un determinado sector de la dramática situación propiciada por la Covid-19 en la región, con las tasas más elevadas de fallecimientos del país sumando las cuatro olas, según datos de Sanidad y el INE.

La crisis económica originada por la pandemia está lejos de ser superada. La hostelería es uno de los sectores más castigados, con continuas y más severas restricciones como la que se acaba de determinar para la ciudad de Toledo. No es de extrañar, por tanto, el malestar del sector hostelero de la región por las manifestaciones de los políticos que, al fin y al cabo, “tienen asegurado el salario al final de mes”. Un sector cuya contribución al PIB es significativamente superior en España que en el resto de la UE, y que el pasado año disparó en un 35,6% los concursos de acreedores -antigua suspensión de pagos-, según el INE, y más de 85.000 bares y restaurantes se vieron obligados a echar el cierre, con datos de la patronal.

Empresas y autónomos de menor dimensión que se juegan cada día su supervivencia, si no han desaparecido ya, por sus constantes problemas económicos y dificultades para el mantenimiento del empleo, incluso a pesar de que los ERTEs y créditos ICO hayan amortizado el golpe. Un sector que más que incriminaciones de sus gobernantes espera compromisos públicos más solventes y efectivos para uno de los compartimentos económicos más necesitados y castigados por la crisis y el empleo de este país.