Buena la ha montado Carlos San Juan, impulsor de la campaña “Soy mayor, no idiota”. Una iniciativa popular que ha recogido cientos de miles de firmas en todo el país, con la pretensión de poner el foco en los clientes de bancos con más edad y poco proclives al conocimiento digital. Tras el insólito impacto social conseguido y la entrega simbólica de todas las firmas al Ministerio de Asuntos Económicos y Banco de España no han tardado en llegar las primeras reacciones del sector, anunciando la modificación de su política comercial para dar mejor servicio presencial a los mayores y resto de clientes. Medidas, sin embargo, cuyo costo rechazan asumirlas en solitario.

Un apoyo que evidencia una demanda cada vez mayor y necesaria por parte de un segmento de población que carece de la formación digital y financiera suficiente. Ciudadanos que sufren la ausencia de atención personal de los bancos impuesta por el notable cierre de oficinas, y notable recorte de plantilla experimentado durante los últimos años. Una insatisfacción social que afecta a las propias entidades, a las que no conviene empeorar más su reputación, ya de por sí suficientemente dañada por abusos pasados y como consecuencia de la crisis.

Las patronales AEB, CECA y UNACC conscientes de que la transformación digital podía ocasionar ”ciertas tensiones de exclusión financiera” ante una demanda social cada vez mayor, se remiten a la publicación del protocolo correspondiente por parte de la Administración del Estado para concretar estas medidas. No obstante, algunas entidades ya han anticipado propuestas como sacar efectivo o realizar operaciones básicas en tiendas, gasolineras, bares, y estancos, entre otras disposiciones, que suplan la falta de oficinas bancarias o cajeros automáticos en todos estos lugares.

Un déficit de servicios que también afecta a Castilla-La Mancha, donde 449 municipios carecen de sucursal bancaria, la mayor parte localizados en la provincia de Guadalajara. Una carencia que ahora se intenta solucionar con la instalación de cientos de dispensadores de efectivo en pequeñas poblaciones sin oficina bancaria. Una iniciativa para combatir la exclusión bancaria del Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) y algunas Diputaciones.  Medidas, todas ellas, de cumplimiento voluntario que exigen de un largo y complicado desarrollo y cuya imposición a entidades privadas no es sencilla salvo que se considere un servicio básico y primordial. En este caso, habría que regularlo, subvencionarlo y establecer un marco equitativo. Hasta tanto, al menos en Castilla-La Mancha y en otros territorios del Estado, hay una entidad que “no te manda al cajero automático”, ni tampoco impone horarios restringidos para efectuar determinadas operaciones bancarias. Qué siga por muchos años.