A pesar de la reciente renuncia de Fernando Salvador Toquero como coordinador de la primera tenencia de alcaldía del ayuntamiento de Guadalajara, un cargo enchufado por su hermano Javier, edil de VOX y titular precisamente de esta área de gobierno municipal, las plazas de asesores gubernamentales no cesan de aumentar en periodos poselectorales. La última convocatoria de estos particulares supervisores ha venido de la mano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Veintiún nuevos puestos de confianza para complementar, según la JCCM, “la estructura del nuevo ejecutivo autonómico tras la creación de dos nuevas consejerías”.
Un emplazamiento que ha contado con el rechazo de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la JCCM -un organismo en el que se integran las cuatro fuerzas sindicales con representación: CCOO, STAS, CSIF y UGT-, que hasta forzó a levantarse de la mesa de negociación a CCOO antes de la votación en señal de protesta. Una convocatoria, según los sindicatos, para refugio laboral de exconcejales y exalcaldes del partido, con un costo estimado de algo más de un millón de euros, que la Junta ha sacado adelante gracias a la potestad que tiene para hacerlo pese a la oposición de las organizaciones sindicales.
A pesar del elevado número de funcionarios en este país, al parecer todavía insuficientes a la vista de las recientes convocatorias electoralistas anunciadas -cerca de 40.000 en los distintos departamentos de las instituciones públicas del Estado, al margen de las requeridas por los gobiernos autonómicos y municipales-, la España administrativa se ha convertido en un país repleto de asesores de “confianza”, un eufemismo para justificar su contratación a dedo. Un cargo generalmente bien retribuido para colocar a un ejército de enchufados, procedentes de las distintas formaciones políticas en el poder, también en la oposición, sin que en ocasiones se conozca su función real o referencia profesional y académica alguna. Sin problema. En el país del dedazo, donde con frecuencia el compadreo llega más lejos que el mérito, el currículo se salva del cesto de los papeles cuando viene apadrinado.
Ni siquiera los años de crisis han logrado cambiar la cultura del enchufe en este país. Cuando se inicia una nueva legislatura en ayuntamientos, como también en la mayoría de comunidades autónomas, e igualmente la próxima semana en el Gobierno de España, los teléfonos de conseguidores y aspirantes han vuelto a echar humo. En efecto, es tiempo de dedazos.