Cada vez que el Ayuntamiento de Toledo renueva Gobierno municipal, resulta recurrente entre los miembros de su Corporación el asentamiento del Cerro de los Palos, un sitio ilegal que campa a sus anchas desde hace más de 30 años a tan sólo tres kilómetros de la capital regional. Un contenedor social y marginal junto a la carretera CM-4013 poblado de chabolas con tejados forrados de neumáticos desechos, restos de vehículos y electrodomésticos desguazados, e inmensos montones de chatarra y basura esparcidos por la superficie. Una “Cañada Real” toledana a pequeña escala en lo que a insalubridad se refiere, aunque sin el ingrediente del supermercado de la droga que tiene el asentamiento madrileño. Un problema enquistado que igualmente afecta a las viviendas de urbanizaciones circundantes, hartos sus propietarios de denunciar los robos sufridos en sus casas, como también de los olores procedentes de la quema de neumáticos del asentamiento, una combustión que con frecuencia se divisa desde la ciudad y hace obligada la presencia de los bomberos.
La compleja problemática del Cerro de los Palos ocupa, desde hace varias legislaturas, espacio frecuente en las sesiones de los plenos del Ayuntamiento de Toledo. Una Corporación incapaz de ofrecer un programa de intervención social, realojo de las familias afectadas, derribo de las chabolas y saneamiento de las parcelas afectadas que pudieran revertir la situación. La última en pronunciarse ha sido la formación VOX a través de la vicealcaldesa del ayuntamiento toledano, Inés Cañizares, supervisora últimamente de ponderar las capacidades ajenas para el desempeño de cargo público, aunque sin objetar en absoluto las de su propia formación cuyo potencial parece declinar.
Cañizares, que ya hizo en mayo campaña en el lugar, se propone ahora “erradicar este asentamiento gitano”, para que las 40 familias residentes “puedan tener una vivienda digna”. Una inquietud social que comparte con la Diputación provincial vía vicepresidente segundo, Daniel Arias, igualmente de VOX, y a la espera del pronunciamiento del PP, coaligados en el gobierno de ambas Corporaciones. Un realojo para el que la vicealcaldesa toledana solicita a las familias afectadas “voluntariedad” para querer marcharse, pues en ningún caso se pretende obligar a nadie a su salida del recinto. Una “voluntariedad” que los residentes -con viviendas y otros bienes en distintas provincias del país, según investigación municipal- no van a ofrecer gratis, a la espera de que la espontaneidad solicitada para el trasiego les resulte provechosa.
