Informa ufana la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y los medios reproducen fielmente, que la región "se mantiene como la tercera comunidad que más ha reducido su deuda pública desde que gobierna el presidente García-Page". Inmejorable noticia, se preguntarán los ciudadanos tras conocer semejante epopeya, aunque en la nota informativa remitida ni figura el importe de la deuda recibida tras la toma de posesión del mandatario, ni la actual al término del segundo trimestre del año, sin duda un dato esencial para valorar la gesta (13.426 millones en 2015; 16.523 millones en la actualidad).

Sin embargo, la información remitida se empeña en ofrecernos una sarta de ambigüedades y porcentajes que no definen en absoluto lo que se pretende informar u ocultar. Los datos son tozudos y los que acaba de ofrecernos el Banco de España definen perfectamente la situación real de la deuda de Castilla-La Mancha sin tanta tergiversación y rodeos como nos comunican. Al término del primer semestre de este año la deuda pública de la Comunidad ascendía a 16.523 millones de euros, un 30,8% en relación con su PIB, un porcentaje tan sólo superado por la Comunidad Valenciana (41,10%). Una deuda per cápita de 7.686 euros, únicamente por debajo de Cataluña (10.874 euros); Comunidad Valenciana (10.837 euros) y Murcia (7.869 euros). Los datos son tozudos, sin necesidad de tamaña sutileza institucional para no comunicar los valores reales de la deuda de ahora y hace nueve años.

No pongo en duda el compromiso demostrado por el presidente de esta tierra, Emiliano García-Page, en mantener "unas finanzas públicas saneadas", ni tampoco "escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables". En efecto, mas sería conveniente que el incienso que excesivamente sobrevuela sobre el ejecutivo de Castilla-La Mancha fuera más comedido, o al menos más comprensible, salvo que con el humo que desprende el turífero se quiera ocultar o distorsionar la realidad de esta tierra.