¿Qué guerra tiene abierta una potente familia toledana en el mundo del juego?

La familia Franco, procedente de la localidad toledana de Ajofrín y dueños del potente grupo Recreativos Franco, están detrás de la denuncia de impugnación del pacto de reestructuración aprobado por Codere en 2014. Ese acuerdo, que salvó la compañía de la quiebra pero quitó la mayoría del capital a los hermanos Martínez Sampedro, está ahora en el aire tras ser admitida a trámite la denuncia, tal como informaba recientemente Carlos Ribagorda en OK Diario.

El juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid ha decidido continuar adelante con la denuncia tras escuchar a las partes en una vista preliminar el pasado 24 de abril, y ha fijado fecha de juicio oral para mayo de 2019. La familia Franco (en la imagen de arriba Jesús Franco, Presidente de Recreativos Franco) fue socia de los Martínez Sampedro en Codere y en septiembre de 2014, fecha de aprobación de la reestructuración, mantenían el 4,4% de la empresa.

Tras el acuerdo de reestructuración pactado con los bonistas -que convirtieron la deuda en acciones- se diluyeron y perdieron prácticamente toda su inversión, según denuncian en una carta que enviaron a la CNMV en 2015. Los Franco denuncian que el pacto que les dejó sin sus acciones -valoradas en 3,7 millones en 2015- se hizo entre bonistas, y accionistas y gestores -que son los mismos, los Martínez Sampedro- sin contar con los minoritarios, lo que califican de ilegal y perjudicial para sus intereses.

Los Franco son los dueños de Recreativos Franco, una empresa dedicada fundamentalmente a la fabricación y explotación de máquinas tragaperras con intereses en medio mundo. En 1980 crearon Codere junto a los Martínez Sampedro, al 50%. Poco a poco Codere fue creciendo, ampliando sus negocios en España y fuera del país, comprando nuevos negocios y endeudándose hasta ahogarse. Un año antes de la salida a Bolsa de la empresa, en 2007, los hermanos Franco vendieron su participación en la compañía a sus socios.

Sin embargo, no vendieron el total ya que mantenían una pequeña participación del 4,4%, objeto ahora del litigio y del enfrentamiento entre los exsocios.