Desencuentro total de la Unión de Uniones con la Consejería de Agricultura del gobierno de Castilla-La Mancha ante la extinción de las cámaras agrarias y las elecciones al campo. Acusan al Ejecutivo de actuar de forma ilegal ante la asignación a dedo de las actuales Organizaciones Profesionales Agrarias .

"Ante la solicitud de convocatoria de elecciones agrarias por parte de la Unión de CLM, lamentablemente la secretaria general de Agricultura, Juana Velasco, remitió a la organización de agricultores y ganaderos a una consulta pública sobre la representatividad que acaba de lanzar el Gobierno Nacional, en lugar de tomar directamente la responsabilidad con los agricultores y ganaderos de la región que, para su desgracia, no han podido elegir democráticamente a sus representantes desde que, en 1978, se celebraran elecciones a las Cámaras Agrarias, y que justamente ahora se procede a iniciar el proceso de su extinción", ha contado la Unión de CLM en una nota de prensa.

La organización asegura que no van a ceder "ante la ilegitimidad, y más aún teniendo en cuenta que "ya existe legislación a nivel nacional desde 2014 que insta a convocar elecciones a nivel nacional", explica la Unión. Sin embargo, entienden que no hay nada que impida que a nivel regional puedan convocarse elecciones al igual que ya han hecho en otras regiones como Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Madrid.

Ante la "gravedad de la situación", el Gobierno ha dado traslado a los Servicios Jurídicos para estudiar el caso. La consulta pública, a la que hacía referencia la secretaria general de Agricultura, establece que es complicado y costoso convocar elecciones a nivel nacional y es preferible dejar la representatividad tal y como está. Con este criterio, aducen, "se podría establecer como opción, dado lo costoso que es, no celebrar elecciones al Parlamento español e instaurar una dictadura, al igual que ocurre en el campo". 

En cuanto a la extinción de las cámaras agrarias, y dado que no ha habido elecciones en el campo, la Unión de CLM exige que la comisión liquidadora debe tener representación de todas las organizaciones que representen agricultores en nuestra región, en tanto en cuanto no se celebren elecciones agrarias, al igual que ocurre en otras Comunidades Autónomas. De esta manera, "la Consejería de Agricultura evitaría cometer infracción alguna".

Considera la organización agraria que "no se puede permitir que la liquidación del patrimonio de los agricultores y ganaderos (bienes rústicos e inmuebles así como fondos económicos) quede en manos de organizaciones que no han sido elegidas por los propios afectados". 

Del mismo modo, se ha discutido sobre cómo se justifica la asignación de fondos de la Resolución de ayudas a las OPAs para subvencionar oficinas y personal de las Organizaciones Profesionales Agrarias.